Gabriel Savino: "Hay que garantizar el trato digno al ciudadano"

La Defensoría del Pueblo de Santa Fe se creó por la Ley 10.396 en 1990 y comenzó a trabajar un año después, por lo que es antecesora de la defensoría nacional. El objetivo inicial es proteger los derechos e intereses de los individuos frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Provincial y sus agentes que impliquen un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, incausado, gravemente inconveniente, inoportuno de sus funciones, o configuren una desviación de poder.

El Defensor del Pueblo es elegido por la Legislatura provincial, a través del voto de una sesión conjunta entre la Cámara de Senadores y de Diputados, previa selección de candidatos realizada por una comisión bicameral. El mandato del titular dura cinco años y en el supuesto caso de vacancia o suspensión, la Defensoría queda a cargo interinamente de adjuntos "Ad-Hoc" que surgen de una lista de no menos de diez ciudadanos, que anualmente confecciona el Defensor del Pueblo.

Para conocer sus tareas y funcionamiento, El Auditor.info charló con Gabriel Sandro Savino, defensor del pueblo adjunto de Santa Fe, en el marco de la serie de entrevistas Defensores de la Argentina.

- ¿Cómo trabaja la Defensoría del Pueblo de Santa Fe?

Es una de las defensorías más complejas. No solo es una Defensoría protectora de derechos, sino que se aggiornó a las demandas ciudadanas. Dentro del organismo existe el Centro de Asistencia a la Víctima y Testigo de Delitos, la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes, la Dirección de Asistencia Técnica y Salud Mental y la Dirección de Mediaciones y Resolución de Conflictos.

Además, contamos con una delegación de la Defensoría del Pueblo de la Nación y teníamos una oficina del INADI. En el territorio tenemos dos sedes centrales en Rosario y Santa Fe y 46 delegaciones en el interior, más tres oficinas móviles que recorren la provincia en lugares donde no hay oficina.

- ¿Cuál es la tarea del defensor?

No solamente somos una institución protectora de derechos y contralor del Estado, sino que tenemos competencia en lo privado cuando se vulnera el derecho en ese ámbito. La generación de derechos fue cambiando y eso modifica nuestra propia función.

- ¿La ciudadanía conoce la función de la defensoría?

Cerramos el 2023 con 42.000 expedientes abiertos, pero las personas que reclaman, en su mayoría, son mayores de 35 años. Tenemos una deficiencia que es que no logramos llegar a la nueva generación de nativos digitales, más allá de la app o de la página. Creo que no le estamos llegando a esa gente, que tienen los mismos problemas y nuevos. Los funcionarios del Estado no estamos entendiendo lo que está sucediendo con las nuevas tecnologías.

- ¿Cuáles son las consultas o reclamos que más reciben?

El consumo y servicio. Autoplanes, estafas bancarias, por ejemplo. Un 30% de las denuncias son vulneraciones de derechos de consumidores y usuarios. El tema de la violencia llega por el Centro de Asistencia a la Víctima y Testigos de Delitos, todas cuestiones intrafamiliares, conflictos intracarcelarios o menores con problemas con la Ley Penal.

- ¿Cuáles son las expectativas para este año?

Tenemos que golpear más fuerte en los nuevos desafíos de las instituciones que tienen que ver la tecnología. Estamos atravesando la quinta generación de derechos y tenemos vulnerados derechos de generaciones anteriores. No solo te tenés que ocupar del plato de comida de aquel que no tiene y respetar el derecho de la alimentación. Hoy ya hablamos del metaverso, que no lo comprendemos, pero nos tenemos que ubicar. Dentro de esos extremos hay un sinnúmero de cuestiones que nos tenemos que ocupar. Hay necesidades básicas que siempre están insatisfechas en un sector social y esa visión a futuro de trabajar para las nuevas generaciones con derechos digitales.

- ¿Cuál es la importancia que tiene el rol del Defensor?

Las Defensorías surgen como unos órganos de control, pero está mal entendido. Casi siempre, los defensores del pueblo o los proveedores de justicia, lo que hacen es ser propositivos, ser el órgano consultivo del Ejecutivo en reclamo de las demandas de los ciudadanos. Tenemos que ser la voz de los ciudadanos y en Argentina no lo logramos. En Santa Fe, la idea es buscar marcarle el camino al Ejecutivo pero acompañarlo para buscar la solución. Denunciar es fácil, pero hay que acompañar a que las cosas mejoren.

Hay datos y documentación respaldatoria para conocer dónde está la vulneración de un derecho. Eso es evidencia suficiente para decirle al Estado en qué se está equivocando. Nosotros queremos cambiar la lógica; si el Estado se equivoca, ir con una iniciativa, con una modificación para una normativa. Hay que cambiar la visión y ser propositivos. Yo creo que eso no se entendió y dentro de las defensorías hay mucha ideología.  

- ¿Cuáles son los desafíos de un Defensor?

Por un lado, el trato digno. Cuando una persona llega a la Defensoría, quiere decir que otros organismos no le dieron respuesta. Entonces, hay que garantizar el trato digno al ciudadano. Por otro lado, creo que hay una falencia. Si bien cada gestión le da su impronta, muchos creen que cuando llegan a una institución la reinventan. Toda institución tiene memoria histórica y empezar a respetarla también es un desafío, aunque se tengan distintas visiones de gestión. Sino, no se puede construir. Una Defensoría debería ser una política pública a largo plazo, que perdure en el tiempo e involucrarse en todos los problemas de la ciudadanía.  

- ¿Qué implica que en Argentina no haya Defensor designado hace 15 años?

Es incomprensible y es una vergüenza que no se puede explicar siendo un país con tanta tradición en derechos humanos. El defensor del pueblo se ve siempre como la caza de brujas. Nunca se perdonó la lluvia de recursos de amparo y ese miedo está presente. Es más fácil no nombrar que nombrar. Hay que cambiar la lógica del contralor a acompañar, porque sino no avanzamos nunca.

- En estos 15 años, ¿en qué situaciones hubiera sido importante que haya un Defensor del Pueblo de Nación?

El Defensor nacional en el tema tarifas es irremplazable, en los pactos o tratados internacionales es irremplazable. Actualmente hay casos de trata de personas y explotación en Polonia. Argentina tendría que estar a la vanguardia y a la cabeza en la protección de los derechos de los argentinos fuera del país. También en lo ambiental es fundamental el Defensor, más allá de que hay gente muy formada que sigue trabajando. En la generación de normativas, en la discusión del DNU, por ejemplo, para darle valor público a la gestión.