Miércoles 26 de Julio de 2017

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Catamarca: denuncian defraudación al Estado por venta de oro

Una auditoría privada realizada en el yacimiento Minero Agua de Dionisio detectó que la producción se multiplicó casi cien veces entre 2008 y 2015, “sin criterios lógicos de explotación y comercialización”, y que las operaciones se hicieron “a precio vil” beneficiando siempre a las mismas empresas. La OA llevó el caso a la justicia.

Miércoles 21 de Junio de 2017

Los resultados de una auditoría privada hecha en un complejo minero de Catamarca llevaron a la Oficina Anticorrupción a denunciar ante la justicia un posible caso de defraudación al Estado por la venta de lingotes de oro a precio vil

Ocurrió en el Yacimiento Minero Agua de Dionisio (YMAD), un organismo interestatal conformado por la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca y el Poder Ejecutivo Nacional. La investigación que reveló el caso estuvo a cargo de la consultora Deloitte.

Según este trabajo, realizado el año pasado, el volumen histórico de ventas del yacimiento siempre fue muy bajo, básicamente porque el proceso de refinado del oro es tan costoso que las operaciones daban pérdidas.

Sin embargo, desde 2008 la comercialización se multiplicó casi cien veces “sin criterios lógicos de explotación”, dijo la consultora internacional. En efecto, aquel año se vendieron unos 12,5 kilos de oro, mientras que en 2015 el volumen llegó a 1.155 kilos.

Otro elemento que llamó la atención del informe fue quiénes compraban los lingotes. Por ejemplo, tras analizar 142 expedientes de venta por 808 millones de dólares, surgió que muchas de las firmas eran cerealeras o ganaderas, que no tenían relación con el mercado de metales preciosos y que, en varios casos, carecían de la capacidad económica para adquirir oro.

Una de esas compañías es Siembra y Comercialización de Granos S.R.L., en la que, según la prensa catamarqueña, participaría uno de los hijos del empresario Lázaro Báez.

Asimismo, aparecieron otras “empresas fantasma” que habrían sido usadas para lavar dinero. Ante esas sospechas, se dio intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Además, el trabajo de Deloitte alertó sobre posibles sobreprecios en la importación de cianuro de sodio para ser usado en el yacimiento. Estas operaciones costaron, solo en 2015, unos 2.127 millones de dólares. Lo curioso es que se les concedía las licitaciones siempre a las mismas empresas, las que no presentaban documentación correspondiente para brindar ese tipo de servicios. Y se destacó que no había controles de calidad sobre la forma en que se trasladaba la sustancia.

Con todos estos elementos, la Oficina Anticorrupción realizó una denuncia que le cayó al juez federal Sebastián Ramos. Quedaron imputados seis exfuncionarios del yacimiento (que trabajaron en la empresa hasta diciembre de 2015) y el magistrado ya dispuso allanamientos a bancos y domicilios particulares para buscar pruebas. 

Así fue como se detectó que el expresidente del YMAD, Manuel Benítez, tenía una caja de seguridad con 101.450 dólares en una sucursal del Banco Francés; y a su exasesor Juan Iraizoz le encontraron 627 mil dólares y 2.400 euros en dos bóvedas.

Lo mismo pasó con la exgerenta financiera del yacimiento, Irene Castro, que tenía en dos cajas 27 mil euros, 327 mil dólares, dos lingotes de oro de 250 gramos, cuatro de 50 gramos y uno de 100, además de varias joyas.

Y el caso del extesorero del YMAD Juan Echeverry es, por lo menos, llamativo. Se detectó que tenía dos cajas de seguridad en dos bancos distintos; en la primera aparecieron 409 mil dólares, pero en la segunda solo había un billete de 1 dólar. Tras el hallazgo, trascendió que el imputado había estado en esa sucursal dos veces antes del operativo judicial.

El control público

Hoy, el bloque de legisladores del Frente Cívico y Social Cambiemos solicitó en la Cámara de Diputados de Catamarca la intervención del Tribunal de Cuentas provincial en este caso. Además, se elevaron pedidos de informes a la Secretaría de Minería local y al actual directorio del YMAD para conocer los últimos controles que se hayan realizado en el organismo interestatal. 

De hecho, el Yacimiento Agua de Dionisio dispone de una unidad de auditoría interna (UAI) que ya había sido analizada hace 10 años por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En aquella investigación se relevó que la oficina planeó en 2007 realizar unos 39 proyectos de fiscalización sobre el funcionamiento de la empresa, pero que solo pudo llevar adelante ocho, y no informó por qué se desvió de su propio plan de acción.

 
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