Miércoles 26 de Julio de 2017

Medios & Control

Nueva era de control del Estado: modernizarse para ganar en eficacia

Viernes 14 de Julio de 2017

Con la promesa implícita de combatir la negligencia y corrupción de los funcionarios, los organismos de control interno y externo del Estado intentan ganar eficiencia apoyados en la tecnología. Pero aún hay vacíos legales para reforzar sus atribuciones y asignaturas pendientes para independizarlos de la política. Inminente dictamen de la AGN por el Correo.
En las próximas semanas la Auditoría General de la Nación (AGN) se expedirá sobre el controvertido acuerdo de acreedores del Correo y, tal como ocurre últimamente con todos esos reportes, el dictamen recalará de inmediato en las manos de algún juez federal inquieto, que analizará si hubo o no falta a la ley.

Existen 450 causas judiciales abiertas en base a sus informes, que podrían ser más rápidos y eficaces con el apoyo de la tecnología. Pero la AGN es sólo una de las formas que el Estado tiene para poner sobre sí mismo una lupa muchas veces opacada por la ambición o el descuido de la política.

Los entendidos en estas lides consideran a la Auditoría como al forense estatal, que analiza si los recursos públicos fueron utilizados conforme a derecho con una mirada ex post y, hasta ahora, con una demora de años respecto a los hechos observados. La primera limitación que promete superar el justicialista Oscar Lamberto, titular del organismo desde hace un año.

Ya arrancaron otros cambios apuntalados en la tecnología. Para reunir información y difundirla se utilizan fotos y videos, softwares no utilizados hasta ahora, sin escatimar audacia para ganar eficacia.

"Compramos drones, que nos servirán para controlar el grado de avance de obras públicas que tenemos que auditar", se entusiasma el auditor general.

La Auditoría se reporta a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, un grupo de seis senadores y seis diputados designados según la conformación de las cámaras, que hoy preside Carla Pitiot (Frente Renovador). Esta bicameral recibe sus informes, define el temario y también aprueba la cuenta de inversión del Estado nacional, es decir, el detalle de cómo fueron efectivamente asignados los fondos del presupuesto nacional.

Un análisis clave para juzgar la eficiencia económica de cualquier gestión y saber si se ajustó a lo previsto en la ley de leyes, a cargo de una Comisión con menos prensa de la que amerita y con labor parsimoniosa: acaba de aprobar la cuenta de inversión correspondiente al año 2014.

El otro organismo clave en el control público es la Sindicatura General de la Nación que, en términos sanitarios, debería ejercer la medicina preventiva. Su control es previo, en la medida que resuelve sobre la legalidad de las decisiones estatales justo cuando se están tomando y con una estructura de gran capilaridad: hay delegados de la SIGEN en casi todos los estamentos estatales.

El actual síndico general es un hombre del PRO, Ignacio Martín Rial, quien trabaja escoltado por otros tres síndicos adjuntos, algunos con otras simpatías partidarias. Pero la SIGEN depende exclusivamente del Poder Ejecutivo, al igual que las otras entidades que completan el tándem fiscalizador. Todas en una etapa de superación.

La Oficina Anticorrupción es formalmente un programa de Presidencia y su titular, Laura Alonso, no cumplía el viejo requisito de ser abogada. Es licenciada en Ciencias Políticas, pero ese impedimento se modificó al asumir Mauricio Macri, vía decreto. El dato no va en desmedro de su empeño para analizar las declaraciones juradas de funcionarios públicos y promover denuncias por presuntas irregularidades. De todos modos, sus críticos señalan que implica una excepción a una instancia que debe ser ejemplo de pulcritud.

La Defensoría General del Pueblo de la Nación (y sus organizaciones similares en otras jurisdicciones) oficia de nexo entre funcionarios públicos y la ciudadanía. Hace años que está virtualmente acéfala, porque no se pueden reunir los dos tercios necesarios en ambas cámaras del Congreso para designar a su máximo responsable. Leandro Despouy (radical que revistó al frente de la AGN por 12 años) Graciela Ocaña, Juan Abal Medina o Manuel Garrido están entre postulados que no ganaron consenso para encumbrarse. Amén que sus dos adjuntos tienen mandato vencido, la senadora del PRO, Marta Varela, no pudo hacer mucho desde la titularidad de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas podría clausurar el listado de organismos de control de la Nación que, según cálculos parlamentarios, hoy padecen restricciones presupuestarias: de cada $ 100 del presupuesto, sólo 0,06 se destinan a estos fines.

Control limitado

"El control no sirve si no se realiza en forma oportuna. Su misión es mejorar la gestión, no hacer denuncias", opina Pitiot. La legisladora massista promueve un proyecto de ley para reglamentar el artículo 85 de la Constitución Nacional, tarea que está pendiente desde la reforma de 1994 y que permitiría a la AGN ganar mucha eficacia.

El proyecto que presentó la diputada pretende subsanar ese déficit de 23 años y reforzar las atribuciones de la Auditoría. Con ese ánimo el texto le reconoce poder para querellar, pone plazo a sus informes, regula la designación de sus autoridades y le habilita hacer controles concomitantes, cuando la situación lo amerite.

El proyecto también pretende transparentar la relación con la Comisión Mixta a la que se reportan los auditores y a la que no siempre llegarían los informes en tiempo y forma. "Cromagnon y Once no hubieran ocurrido con otros procedimientos", sentencia la autora en un texto que justifica esa iniciativa.

La AGN fue creada junto a la SIGEN en 1992, por la ley de Administración Financiera 24.156, que intentó importar el modelo canadiense para la fiscalización de los recursos, en clave local. Hoy la AGN está limitada en sus atribuciones y objeto, no sólo porque su control es posterior.

Aunque su fin primordial es verificar que los fondos públicos se gasten según las normas, no tiene alcance ni sobre empresas públicas como YPF, de la que fue expresamente excluida en el momento de la nacionalización y sólo puede controlar las transferencias de fondos a cuentas de Aerolíneas Argentinas pero no integralmente a la compañía, que en 2015 también había sido exceptuada de todo control, mientras que este año sí fue incluida en el Presupuesto.

También están fuera de su órbita los fondos fiduciarios que entrañan el manejo de montos multimillonarios para la ejecución de obras públicas, así como todas las empresas estatales mixtas, que están conformadas bajo derecho privado. Ni hablar de organizaciones como la Asociación del Fútbol Argentino, aunque reciba aportes sustanciosos del erario público.

La Auditoría puede alertar sobre la presunta comisión del delito de un funcionario, sea malversación de fondos o negligencia. Pero nunca constituirse en querellante, lo que le daría otras posibilidades para promover causas. Aun así, los auditores (en particular los de la era de Despouy) no dejan de desfilar por los tribunales para explicar hallazgos de sus informes: Sueños Compartidos, compra de material ferroviario a España y Portugal, o compra de fueloil a Venezuela son algunos de los tantos expedientes que requirieron su testimonio en los últimos tiempos.

Tres de los siete auditores generales se renovaron en 2015 y otros tres en abril de este año, movidas con fuertes tensiones partidarias.

En la primera, el FPV postuló realizar el reemplazo en base a la conformación que tenía el Congreso previa al recambio de gobierno, lo que le daba la posibilidad de incluir dos auditores: Juan Forlón y Julián Alvarez. Tras una disputa judicial, tuvo que avenirse a dejar en pie sólo al primero.

Link a la agenda política

La difusión de los informes es otra prueba de cómo la política intenta subordinar a la técnica y cómo se juega tras bambalinas para difundir o no informes que pueden complicar políticamente a la gestión de turno.

En las postrimerías de la presidencia del radical Leandro Depouy, la AGN había alistado un trabajo sobre el Fútbol Para Todos, identificando la celebración de contratos sin licitación y sobreprecios, entre otras faltas. Pero el Colegio de Auditores -que debe avalar por unanimidad los informes para que se oficialicen- no definía el paso siguiente. Hasta que una filtración a la prensa obligó a emitir los votos y se dio luz al dictamen.

Algo parecido ocurrió con el informe sobre el pago de subsidios a los trenes urbanos, TBA entre ellos. Hubo muchos textos críticos de la AGN desde la privatización de esas líneas, cuestionando no sólo a Transporte sino a la CNRT, órgano de control. Se acusaba a los concesionarios no sólo de incumplir inversiones sino de aplicar exorbitantes sobreprecios en el material que se compraba con dinero público, con la anuencia de los funcionarios del área, el único aspecto relevante para un organismo de control.

Pero en ninguna gestión de gobierno esos textos promovieron una rescisión del contrato. Más bien, ésta se produjo en la medida que los adjudicatarios quisieron abandonar el negocio o lo hacían de facto, desatendiendo hasta situaciones límites la prestación.

Recién la tragedia de Once sacó a la luz el último análisis de AGN, que en el momento de la catástrofe era bien conocido por todos los funcionarios involucrados en el tema.

La incógnita es qué ocurrirá en los próximos días, cuando se juzgue cómo actuaron los funcionarios responsables de negociar con el ex adjudicatario del Correo, firma del Grupo Macri, los reclamos resarcitorios que éste planteó.

Hay indicios de que los auditores podrían dar sustento a las críticas que formuló el ex procurador general de la Nación, Carlos Balbín, poco antes de ser expulsado de su puesto por esta razón. En otras palabras, que el Presidente podría sufrir un disgusto.

Controladores y controlados

Al igual que otros organismos, la conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN) está sujeta a los avatares de la política. Son siete auditores generales, dos radicales y cinco peronistas de distinta extracción (Frente Para la Victoria, Frente Renovador y PJ tradicional), lo que en esta coyuntura transforma a la AGN en un cuerpo no sólo distante del Poder Ejecutivo, sino que también da cabida a la primera minoría parlamentaria.

Reporta a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que, más allá de su integración pluripartidaria, está conducida por una legisladora del Frente Renovador. El síndico general de la Nación tiene la misma filiación que el Presidente de la Nación, aunque está escoltado por hombres ligados al gremio de los trabajadores del rubro y con otras simpatías.
Cuadro atípico por la presunta independencia entre controladores y controlados.    

Medio: Cronista Digital
 
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