Miércoles 23 de Agosto de 2017

Informe Sintetizado

Siguen sin rendirse los gastos de relevamientos en los pueblos originarios

Los censos son hechos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con la colaboración de las provincias y la Universidad de Lanús. La AGN ya había advertido en 2012 que existían desembolsos sin justificar. Sin embargo, otra investigación aprobada este año reiteró la observación y añadió que el ente “no informó acciones para corregir los retrasos”.

Al cierre del informe, no se habían censado tres provincias.
La Nación expropió 19 mil hectáreas para las comunidades.

Miércoles 26 de Julio de 2017

Cinco años después de difundir su primera advertencia, la Auditoría General de la Nación (AGN) debió reiterar que siguen sin rendirse los fondos destinados a relevar la situación territorial de los pueblos originarios.

Esta tarea corresponde al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y es llevada adelante con la colaboración de las provincias y la Universidad de Lanús.

El dato aparece en una auditoría de seguimiento aprobada este año, que intentó demostrar de qué manera el Instituto recibió las observaciones y recomendaciones formuladas por el organismo de control en 2012, y si actuó o no en consecuencia.

En el caso de las rendiciones de cuentas, la investigación dice que el INAI “no ha informado sobre acciones para corregir los retrasos”, por eso la Auditoría mantuvo su opinión anterior. 

Ya en el trabajo de 2012 (elaborado sobre hallazgos de 2010), la AGN decía que “la Universidad de Lanús no realiza en forma completa la rendición de cuentas de los fondos transferidos” por el INAI, y añadía que “la situación se repite respecto al relevamiento territorial en las provincias, donde se destacaban los casos de Santa Cruz y Santiago del Estero”, que percibieron fondos en 2008 y hasta abril de 2011 continuaban sin justificar los desembolsos.

Esta es solo una de las 13 recomendaciones que figuraron en aquella investigación aprobada hace cinco años. Y es que, además de lo relacionado a la rendición de gastos, en la auditoría de seguimiento se supo que hubo otros ocho ítems en los que “el INAI no implementó medidas”.

Entre ellos se destaca que “no se han desarrollado mecanismos de registración, seguimiento y control de acciones programadas y ejecutadas en el cumplimiento de las funciones específicas del INAI”; lo que en pocas palabras significa que no hay manera de medir la gestión del ente encargado de aplicar la política indígena en el país.

Asimismo, la AGN recordó que en 2010 el Instituto “no realizaba evaluaciones sobre los desvíos de su producción, sus razones de causalidad, y la relación de correspondencia entre las acciones y los recursos (humanos y materiales) aplicados”. 

Es que, en esta materia, se habían descubierto desvíos tanto negativos como positivos pero, pese a que se le aconsejó “implementar procedimientos de control”, finalmente “el INAI no informó” acciones en ese sentido y, por lo tanto, “la recomendación no fue cumplida”, concluyó la AGN.

Otra observación de 2012 que se mantuvo, aunque con salvedades, es la que indicaba que “el Programa de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas había logrado un escaso nivel de ejecución en sus primeros tres años de implementación”. 

Sobre esto, la Auditoría reveló en su último informe que para 2015 se había relevado el 58 por ciento de los pueblos originarios. Paralelamente, los técnicos consideraron que “se incrementó la población indígena y, a su vez, se estimaron más hectáreas ocupadas por las comunidades, que también se tienen que relevar”.

En cuanto al estado del censo, el informe detalla que “diez provincias realizan el estudio por sí mismas, en coordinación y financiamiento del INAI; otras diez están siendo directamente relevadas por el Instituto, con apoyo de la Universidad de Lanús, y en tres provincias aún no se inició el relevamiento.

Y, en los territorios donde sí avanzaron las tareas, la AGN enumeró que “nueve provincias fueron relevadas íntegramente, siete se encontraban en ejecución y, en las cuatro restantes, los trabajos comenzaron, se suspendieron y debían reiniciarse”.

Existe una etapa posterior del relevamiento que consiste en otorgar la titularidad de las tierras a los habitantes. Pues la Auditoría observó que, en este punto, “cinco provincias implementaron programas de regularización del dominio a favor de las comunidades, que comprenden 3 millones de hectáreas; el INAI financió a cuatro provincias 5.333 hectáreas para seis comunidades; y la Nación expropió 19.000 hectáreas para otorgarlas a una comunidad”.

No obstante, hubo una observación que fue “levantada” por el organismo de control. Se trata de la objeción que se hizo en 2012 a un convenio de cooperación técnica firmado entre el INAI y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

El problema, en aquel caso, era que el pacto establecía que el dinero para los relevamientos de comunidades indígenas sería manejado por la Fundación ARGENINTA, una entidad de carácter privado. Y ya hace cinco años, los auditores señalaban que “no existían argumentos técnicos que justifiquen la tercerización del servicio de administración de fondos asignados al INAI a través del Presupuesto nacional”.

Y la perla del acuerdo era que aceptaba la figura de “donación” para la incorporación de bienes adquiridos por terceros con fondos propios del INAI. Pues bien, en el informe aprobado este año se descubrió que “el convenio con la fundación está finalizado”, y que de hecho se encuentra vigente otro pacto “superador del anterior”, opinó la Auditoría, porque no incluye a la Fundación ARGENINTA como intermediaria en la administración del dinero.

Para más detalles sobre la relación del INAI con la Universidad de Lanús, con las provincias que participaron de los relevamientos a los pueblos originarios (y los montos en juego), y con la Fundación ARGENINTA, ver la nota publicada por este medio sobre la Auditoría aprobada en 2012.

 
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