Miércoles 20 de Septiembre de 2017

Entrevista & Opinión

“Capacitar a los empleados públicos no es un gasto, sino una inversión”

Viernes 16 de Noviembre de 2012

Daniel Reposo

Entrevista gestionpublica.info

Daniel Reposo, el titular de la SIGEN, describió las medidas de formación del personal estatal que se instrumentan desde su dependencia, mediante el Instituto de Control de la Gestión Pública. Además, dio su parecer sobre el caso Schoklender y la fiscalización del dinero de los planes de vivienda.

Oriundo de Verónica, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, ingresó a la administración pública a los 19 años, en lo que fue la Sindicatura General de Empresas Públicas (SIGEP), que se encargaba del control externo de las firmas donde el Estado tenía propiedad total o mayoritaria. Con 45 años, es el titular de la SIGEN desde 2009. Recibió en su despacho a gestionpublica.info y habló sobre la labor de su dependencia, la causa Papel Prensa y el caso Schoklender.

-Hace algunos días un medio colega publicó que el Estado “no cuida bien” la seguridad informática. Ustedes van a implantar una nueva política en ese sentido. ¿En qué consiste?

-A partir de 2003 hicimos una fuerte apuesta al control y a todo lo que es tecnología de la información (TI). En eso estamos trabajando de forma conjunta con el que es el órgano rector en materia informática, que está dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la ONTI, que depende de la Subsecretaria de Tecnología de la Información. Así es como fuimos instalando que cada Unidad de Auditoría Interna (UAI) tenga un área en lo que es el control en materia de TI. Nosotros hacemos el trabajo de testeo, o sea, atacamos los programas para ver cuáles son las vulnerabilidades y recomendamos políticas a instrumentar en lo inmediato, para que aquellos que tengan observaciones y debilidades las puedan reformular.

-¿Qué acciones van a tomar desde la SIGEN en relación al lavado de dinero?

-Hicimos un trabajo conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) donde nosotros vamos a implementar para el sector público todo lo que sea prevención en lavado de dinero. Recabamos datos en cada organismo, los procesamos y los entregamos a la UIF para que tenga información limpia que pueda ser trabajada.

-Realizaron unas jornadas desde la SIGEN sobre igualdad de oportunidades.¿Cómo ve la situación de la equidad de género en la administración publica?

-Iniciamos varios programas, uno de ellos es el trabajo de equidad, violencia de género e igualdad de oportunidades. Tenemos un área de investigación dentro del Instituto Superior de Control de la Gestión Pública, un ente de formación que depende de la SIGEN, y trabajamos en forma conjunta con (la Secretaría de la) Gestión Pública, los ministerios de Justicia, Trabajo, la Procuración del Tesoro, y tenemos como particularidad que integramos a las principales ONG de la Argentina en la materia. Generamos jornadas y talleres para todos los directores de Recursos Humanos del sector público e integramos también a los gremios, porque son la columna vertebral de todos los agentes de la administración publica. La equidad de género es sustancial para poder trabajar, es un tema que ha sido vedado durante muchos años, este Gobierno tuvo la particularidad de ponerlo a discusión, trabajarlo y poder implementarlo.Vamos a seguir con nuevos talleres, hacer un monitoreo y seguimiento del trabajo que se esta haciendo en las áreas. Intentamos generar conciencia y velar para que se cumplan todas las políticas en la materia.

-¿Cómo nace el Instituto de Control de la Gestión Pública, con qué objetivos?

-Una de las herramientas sustanciales que tiene el control para poder instrumentar una mejor gestión es la capacitación. En ese sentido, la Presidenta dictó un decreto por el cual crea en el ámbito de la SIGEN un organismo que lleva la denominación de Instituto Superior del Control de la Gestión Publica. Se hace un trabajo de profesionalización de todos los que actúan en materia de control en la Argentina, que son dirigidos técnicamente por la Sindicatura, las unidades de auditoria interna y todos los Tribunales de Cuenta del país. Es una forma de profesionalizar a todo el sector público; ser trabajador público en Argentina y profesionalizarlo era, hasta hace unos años, un gasto, entonces se cercenaba el derecho de una persona a que pueda profesionalizarse y capacitarse. La gente progresa a través de dos factores, uno es la evaluación y otro la capacitación, en la medida que un trabajador tenga una buena capacitación y se esmere en su trabajo, esos dos factores son ponderados para que tenga un crecimiento en el sector público. Hoy, obligatoriamente, el compromiso del Estado es tener para los técnicos un mínimo de capacitación de 60 horas anuales y para los profesionales 72 horas anuales. Eso hace que se utilicen en el año un tiempo considerable donde el Estado se compromete a capacitar. Todo esto no se toma como un gasto sino como una inversión, este es el concepto fundamental. Los trabajadores del ámbito público eran personas menoscabadas, el Estado neoliberal de los ‘90 llevo a que sean sinónimo de vagos; a partir de 2003, se instauró que tienen un valor adicional.

-¿Cómo está la causa Papel Prensa?

-Papel Prensa ha vulnerado absolutamente todos los sistemas del control. Estamos bregando para que haya una empresa en la Argentina que provea la totalidad del papel, que todos tengan igualdad de oportunidades en la adquisición. Lo que se ha dado es que los medios corporativos, Clarín y La Nación, han tenido un privilegio a través de una sociedad, en la adquisición del papel, que es el 60% de los costos de una editorial. Luchamos para que tengan suficientes mecanismos de control, plan de inversiones de acuerdo a las necesidades del mercado; hoy, el 30% del papel que utilizan los medios es importado, entonces también estamos bregando para que no sólo provea la totalidad del papel en todo el país sino que también se pueda exportar a un precio razonable. Hay, sí, una causa judicial que avanza sobre la forma en que estas dos corporaciones han adquirido las acciones dentro del ámbito de Papel Prensa.

-¿Este organismo pudo haber intervenido en el caso Schoklender? ¿Tenían información de lo que estaba pasando con el manejo del dinero que se destinaba a la construcción de viviendas?

-Hay programas de vivienda propios que son del Gobierno nacional, y otros que instauran cada una de las provincias. En los programas propios, lo que se hace es un proceso de adquisición, de selección de proyectos. Ahí intervenimos en forma directa a través del monitoreo y control constante. En los programas provinciales, el Estado nacional efectúa la transferencia del dinero y la ejecución queda a cargo de la provincia. Esta es una diferenciación sustancial porque, cuando son programas que ejecutan las provincias, tienen un esquema de selección propio. Cada régimen tiene aprobado un sistema de contrataciones de obra pública y sus propios mecanismos de control. Lo que nosotros hemos instaurado es un programa de fortalecimiento a través de la emisión de normas que emitió el Ministerio de Planificación, donde hay controles adicionales. Por cada transferencia se verifica que los proyectos estén presentados, que no se hagan transferencias totales, sino a medida que se van desarrollando, y que estas vengan acompañadas del control que tiene que realizar cada provincia. Por eso, a cada transferencia lo que se exige es primero que tenga la rendición de cuentas del envío anterior a través del proyecto de obra, la presentación de los controles, de los certificados de las obras y del avance. Recién cuando esté aprobada esa rendición, se efectúa la transferencia a la provincia. El programa que hoy está en los medios se ha ejecutado enteramente en cada una de las provincias y tiene absolutamente todos los controles y monitoreos. De hecho, nadie discute hoy si las obras están o no realizadas, todas están culminadas, los precios han sido trabajados en cada una de las provincias y los programas se ejecutaron de acuerdo a este mecanismo de fortalecimiento que se hizo y eso está absolutamente todo auditado y con el control por encima de lo que exigían las normas. Lo que se está discutiendo es qué se hizo con la ganancia por parte de uno de los actores y, en este caso, hay un problema de control en la Fundación (Madres de Plaza de Mayo) que es ajeno al Gobierno nacional. Las transferencias se hicieron y están absolutamente todas controladas, han sido auditados por la Auditoria y por la Sindicatura General de la Nación.

 
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