Miércoles 21 de Junio de 2017

Los recursos son administrados por una Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene un presupuesto de $ 3.460 millones y que devengó $ 603 millones en un lapso equivalente al 41,6% del año. Algo parecido ocurrió con un área que impulsa la entrega voluntaria de armas de fuego y un centro que ayuda a la UNESCO a promover los Derechos Humanos.

Una auditoría privada realizada en el yacimiento Minero Agua de Dionisio detectó que la producción se multiplicó casi cien veces entre 2008 y 2015, “sin criterios lógicos de explotación y comercialización”, y que las operaciones se hicieron “a precio vil” beneficiando siempre a las mismas empresas. La OA llevó el caso a la justicia.

En mayo de 2013, mientras 880 personas esperaban su intervención en el servicio de Ortopedia y Traumatología, 798 habían pasado por el quirófano. Hay importantes demoras en la adquisición del material protésico por parte de los hospitales. Cuando los pacientes cuentan con cobertura de salud de PAMI, PROFE o IOMA, la situación no cambia.

Un estudio reveló que la mayor parte de las entidades que conforman el estado tiene en cuenta las peticiones y denuncias ciudadanas para diseñar los servicios públicos, pero solo la mitad cumple con los lineamientos requeridos para que los ciudadanos reciban mejores servicios. A nivel regional, Uruguay es el país mejor posicionado en esta materia.

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El conflicto se arrastra hace ocho años cuando en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se aprobó la implementación del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE). Desde aquel momento el organismo de control realiza numerosos pedidos para poder llegar a los datos públicos a fin de cumplir su tarea.

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La validez de los reclamos parece medirse por la cantidad de gente que se reúne o por la visibilidad de la protesta.

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