Miércoles 30 de Agosto de 2017

Se trata del Parque Nacional ubicado al sureste de Jujuy. La Auditoría evaluó la gestión ambiental del Yacimiento Petrolero Caimancito que está dentro de la reserva y que funcionó durante décadas pese a una ley que lo prohibía. El Estado desconoce los pasivos ambientales. Hay un río, que abastece de agua a todo un pueblo, contaminado. 

La historia comenzó en 2005, cuando se descubrieron 12 toneladas de alimentos -que debían ser entregados a sectores de bajos recursos- en mal estado y acopiadas en la finca de un funcionario de Desarrollo Social de la provincia. A una semana del inicio del juicio, un tribunal federal se declaró incompetente y envió el expediente a la justicia ordinaria.

La Auditoría porteña detectó que, durante la selección, la firma cambió de composición societaria y de razón social, y hasta presentó documentos con cuatro membretes distintos. Además, declaró no tener problemas con acreedores, pese a estar en concurso preventivo. Así y todo, la Ciudad le adjudicó el trabajo por $157 millones.

Un conjunto de organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Venezuela se juntaron para crear una campaña de concientización sobre el uso indebido de los recursos públicos que afecta la democracia de los países y propusieron recomendaciones para fomentar la rendición de cuentas de los representantes.

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Fue en una licitación para reconvertir el alumbrado público a led. Según la Auditoría porteña, la empresa pidió un adelanto y el Estado aceptó, amparándose en una emergencia energética que declaró recién seis meses después. La firma también reclamó -y le pagaron- 757 mil dólares de resarcimiento por un supuesto cambio en el régimen de importaciones que, luego se comprobó, era una infracción aduanera.

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El sindicalismo argentino sufre esta pérdida de rumbo y se equivocaría si pretendiera preservar una identidad partidaria por encima de la reivindicación de los derechos y los intereses de los trabajadores.

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