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Objetan la urgencia de una compra de la Policía de Santa Fe

El Ministerio de Seguridad provincial adquirió sin licitación kits para que los uniformados practiquen tiro. Pero el Tribunal de Cuentas no observó las “circunstancias imprevisibles” que exige una ley vigente y que permiten una operación directa, ya que entrenar agentes debería ser una tarea habitual de la fuerza y además los trámites demoraron cinco meses.

Miércoles 12 de Julio de 2017

El Tribunal de Cuentas de Santa Fe objetó la urgencia esgrimida por el Ministerio de Seguridad provincial para justificar la compra directa de elementos destinados a que la policía local practique tiro.

La operación costó 335.650 pesos, e incluyó protectores auditivos, visuales y kits de limpieza de armas. Fueron 350 unidades de cada rubro, provistas por la empresa Seal Representaciones, la única que se presentó a un pedido de cotización que también le llegó a otras tres armerías.

Más allá de que Seal haya ofertado un valor que, según la cartera de Seguridad “superó ampliamente lo presupuestado”, y que por eso fue necesaria una segunda cotización, el Tribunal cuestionó la operación porque no logró observar las “circunstancias imprevisibles” que exige la ley 12.510 de Administración y Control del Estado, y que ameritan una compra directa.

“La urgencia debe responder a circunstancias objetivas, y su magnitud debe ser tal que impida la realización de otro procedimiento de selección en tiempo oportuno”, dice la mencionada norma y eso es precisamente lo que objetó el organismo de control: según los contralores, entrenar a los agentes en el uso de armas debería ser una tarea habitual de la Policía, y no un procedimiento de excepción.

Además, desde el Tribunal señalaron que “no hubo tal urgencia, si se considera que la gestión fue iniciada el 17 de diciembre de 2016 y recién el 8 de mayo del corriente año se dictó el acto administrativo” en el que quedó asentada la compra, es decir, cinco meses después.

Ante este panorama, los fiscalizadores apuntaron que la administración provincial debe saber diferenciar que “una cuestión es la necesidad de contar con elementos cuya compra gestiona cada jurisdicción, y otra distinta es que esa necesidad haya surgido de manera ‘urgente’ o producto de una ‘emergencia’ concreta, inmediata, imprevista y probada, originada en circunstancias imprevisibles”. 

Así, el Tribunal concluyó que recurrir a un trámite abreviado para cumplir con una práctica habitual “sería violatorio del régimen general de compras”, y dictó la observación legal de la operación, con el objetivo de evitar este tipo de situaciones.