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Tucumán: tras 12 años, el caso “polenta podrida” vuelve a foja cero

La historia comenzó en 2005, cuando se descubrieron 12 toneladas de alimentos -que debían ser entregados a sectores de bajos recursos- en mal estado y acopiadas en la finca de un funcionario de Desarrollo Social de la provincia. A una semana del inicio del juicio, un tribunal federal se declaró incompetente y envió el expediente a la justicia ordinaria.

Miércoles 30 de Agosto de 2017

Luego de un proceso que duró 12 años, la Justicia Federal de Tucumán se declaró incompetente en el caso conocido en la provincia con el nombre de “polenta podrida”.

Se trata de una historia que comenzó en agosto de 2005, cuando Gendarmería encontró 12 toneladas de polenta y trigo en mal estado acopiadas en la finca del entonces Secretario de Desarrollo Social de la provincia, Joaquín Farré.

El hallazgo ganó protagonismo en la opinión pública tucumana porque se produjo en medio de la campaña para las elecciones legislativas de aquel año. Incluso, referentes de la oposición política de entonces denunciaron que la mercadería se pudrió porque el gobierno la guardaba para entregarla antes de los comicios.

Desde ese momento, comenzó una investigación en la que se determinó que lo encontrado había costado 5.922 pesos y consistía en 18.180 paquetes de polenta Bonillo, más 300 de trigo La Española. Además, la Justicia Federal confirmó que los productos debían ser repartidos entre niños y niñas menores de 14 años, embarazadas, personas con capacidades especiales y ancianos sin recursos, y que formaban parte de un plan alimentario cuya ejecución tenía carácter prioritario para el Estado de Tucumán.

Tras esos descubrimientos fueron procesados el entonces subsecretario de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, Andrés Gatti, y el encargado de Depósito de la Secretaría de Políticas Sociales, Héctor Lobo, por considerarlos responsables de la custodia de la comida. 

En el plano político, el gobernador por aquellos años, José Alperovich, echó a Farré, el dueño de la finca donde aparecieron los bultos, y a seis funcionarios más de la cartera de Desarrollo Social.

Seis años después, en junio de 2011, la Justicia Federal tucumana ratificó su competencia en el caso y, en ese momento, se hablaba de la inminencia del juicio a Gatti y a Lobo.

No obstante, pasaron los años y, cuando finalmente se confirmó que las audiencias comenzarían el martes de la semana que viene, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán volvió a revisar la cuestión de la competencia y resolvió que el expediente pase a los tribunales ordinarios.

Según argumentó el fuero, la decisión se basa en que la comida había sido adquirida con fondos nacionales que ingresaron al erario público provincial, por lo que el control de la ejecución del dinero debía corresponder órganos locales, como el Tribunal de Cuentas.

¿Y ahora? Tres posibilidades

Tras el pronunciamiento de la Justicia Federal, el abanico de chances para juzgar lo sucedido se reduce a tres. En primer lugar, la resolución aún no está firme y puede ser impugnada por el Ministerio Público o los acusados. Si alguna de estas partes presenta un recurso, el debate se trasladaría a la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene su sede en la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora bien, si la resolución queda firme -y las partes no se quejan- el expediente será girado a la Justicia Penal provincial. De esa manera, debería abrirse una investigación desde cero, ya que gran parte de la pesquisa federal quedará invalidada.

Otra posibilidad es que el fuero ordinario rechace su competencia en el caso. Si eso ocurriera, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.