Miércoles 19 de Abril de 2017

Informe Sintetizado

Programa de ayuda al sector agrícola: demoras y falta de un sistema de alerta de fenómenos climáticos 

Cuatro años más de lo estipulado, por ejemplo, llevó realizar el sistema de riego y drenaje del Valle Inferior del Río Chubut. La AGN dijo sobre esos trabajos que solo falta un sistema que permita alertar ante fenómenos climáticos adversos. Por incumplimiento del contratista, el Instituto de Vitivinicultura tuvo que terminar las obras de su nueva sede. Pese a todo esto, se “cumplieron razonablemente” los “objetivos”.

Por incumplimiento de la firma contratada, el Instituto Nacional Vitivinícola tuvo que terminar su sede en Mendoza.
El Programa para impulsar al sector agrícola está bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Miércoles 19 de Abril de 2017

Según la Auditoría General de la Nación (AGN) el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) destinado a mejorar los servicios agroalimentarios, “cumplió razonablemente con las metas y objetivos planteados”. Sin embargo, se detectaron importantes demoras en la finalización de las obras.

El programa se llevó adelante con un préstamo entre la Nación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De los U$S 302 millones destinados al proyecto, “la entidad bancaria aportó el 66,14%”.

El equipo de la AGN seleccionó y visitó tres obras provinciales. Una de ellas fue la modernización del sistema de riego y drenaje del Valle Inferior del Río Chubut. El proyecto fue adjudicado, a través de una Licitación Pública, a la empresa CEOSA por un total de $85,9 millones. Posteriormente, “se firmó una adenda en la que se adicionaron $17,1 millones por una mejora en el plan”.

Al respecto, los auditores observaron un “significativo atraso en las obras”. El 1º de abril de 2010 “se suscribió el inicio de los trabajos y tenía como fecha de finalización el 23 de septiembre de 2011”. Un año después “las partes firmaron una prórroga por cambios en la legislación respecto a las importaciones de materiales y componentes necesarios para la nueva obra”. El 31 de agosto de 2013 fue el nuevo plazo de finalización.

Dos meses antes del nuevo tope, las partes vuelven a juntarse para acordar una nueva prórroga, esta vez “por reclamos y medidas de carácter sindical”, y vuelve a posponerse la finalización para julio de 2014.

La obra se dio por concluida el 6 de octubre de 2015, con la firma del Acta de Recepción Definitiva, cuatro años después de lo estipulado.

Además de analizar la documentación del ejercicio 2013, el equipo de la Auditoría General de la Nación visitó la obra en toda su extensión. Allí pudo observar “que los canales contaban con impermeabilización, todos los tramos alambrados y que se habían adquirido bienes que estaban con su correspondiente inscripción y conservación, como tractores y excavadoras”. Solo observaron “la falta de un sistema de control telemétrico” que permita alertar ante fenómenos climáticos adversos.

Sobre el impacto ambiental, que suele ser un punto débil en los grandes proyectos de infraestructura, se pudo constatar mediante un Informe de Avance Ambiental y social que “la obra finalizó satisfactoriamente sin dejar pasivos”.

Otra de las obras que la AGN evaluó fue la construcción de canales de riego en Villa del Rosario en la provincia de Entre Ríos. El objetivo era “construir un sistema de distribución de agua para riego presurizado en 91 chacras, que luego se extendieron a 17 más”, motivo por el que “se demoró el inicio de los trabajos”.

El proyecto, que se realizó por una Licitación Pública Internacional, incluía la capacitación y asistencia técnica a productores y el fortalecimiento institucional, y costaría $36,9 millones. La obra “debía terminarse en mayo de 2013” pero recién 29 meses después de esa fecha estuvo “prácticamente finalizada, con un avance del 96%”.

De la visita de la obra nuevamente vienen las buenas noticias. Si bien “se vio la necesidad de reformar el tendido eléctrico porque no era suficiente para abastecer los trabajos”, los quinteros habían recibido la capacitación correspondiente, los obreros cumplían con las condiciones de seguridad e higiene y los beneficios tanto sociales como ambientales estaban reflejados en los informes”.

Párrafo aparte merece el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), quizá porque, según el informe de la AGN aprobado en diciembre de 2016, es el contrato que presentó más irregularidades.

Se trata de la construcción de la nueva sede en la localidad mendocina de General Alvear, un edificio con áreas administrativas, laboratorios y depósitos. Se llamó a Licitación Pública Nacional por un presupuesto inicial de $4,3 millones. La beneficiada fue la firma Carrearas y Gutiérrez SA, con un presupuesto de $800 mil más, por haber sido el oferente más barato.

Los trabajos comienzan el 19 de diciembre de 2012 y tenía previsto terminar el 20 de febrero de 2014 primero y, tras una prórroga, el 20 de junio de ese mismo año. A fines de septiembre, vencido el plazo extra y sin avance de las obras “el INV intima a la firma a terminar los trabajos pendientes bajo apercibimiento de dar por finalizado el contrato”, hecho que sucedió en enero de 2015.

La obra “tuvo que ser terminada con fondos propios del Instituto” y, al cierre de los trabajos de campo en noviembre de 2015, “no se había concluido el proceso de rescisión de contrato que incluía una penalidad del 30% del valor de la construcción”.

En la visita realizada por el equipo de la AGN se observaron “filtraciones, humedad de cimientos, deficiencias en la carpintería de aluminio y falta de rejilla de ventilación en la cocina”, entre otras falencias.

 
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