Miércoles 20 de Septiembre de 2017

Informe Sintetizado

Calilegua: una historia de contaminación y pueblos no respetados

Se trata del Parque Nacional ubicado al sureste de Jujuy. La Auditoría evaluó la gestión ambiental del Yacimiento Petrolero Caimancito que está dentro de la reserva y que funcionó durante décadas pese a una ley que lo prohibía. El Estado desconoce los pasivos ambientales. Hay un río, que abastece de agua a todo un pueblo, contaminado. 

En una zona del Calilegua habitan los pueblos Guaraní y Kolla.
Está prohibida la explotación de hidrocarburos en el Parque. (Foto real)

Miércoles 30 de Agosto de 2017

La Auditoría General de la Nación (AGN) expuso la crítica situación del Yacimiento Petrolero Caimancito, ubicado en el Parque Nacional Calilegua: contaminación de un arroyo que abastece de agua a todo un pueblo, décadas de explotación ilegal y la falta de reconocimiento de los pueblos originarios de la zona.

El Parque Nacional Calilegua está ubicado al sureste de la provincia de Jujuy, en el Departamento de Ledesma. El Yacimiento Petrolero Caimancito, tiene gran parte de su extensión dentro del mismo. 

Según cuenta el informe, que evaluó la gestión ambiental del yacimiento entre enero de 2011 y julio de 2016, YPF, en aquel momento Sociedad el Estado, comenzó la explotación del Caimancito en 1969. Luego de su privatización, la explotación fue concesionada a distintas firmas privadas, incluso luego de la designación del Parque, en 1990, como Reserva Natural Estricta, “categoría que prohíbe expresamente la explotación de hidrocarburos”.

En el Calilegua hay entre 33 y 36 pozos petroleros, 21 están inactivos de los cuales 18 “no tienen acceso vehicular” y constituyen un potencial riesgo de rotura, pérdida y posterior contaminación de los recursos del parque”. Uno de los datos que resulta `positivo´ es que “en las zonas donde la actividad cesó, se registró una notable regeneración de la vegetación nativa” 

Dentro del área protegida también hay salas de bombeo, tanques de almacenamiento, chimeneas y demás elementos que hacen a la actividad “sobre los que no se realiza ningún control y vigilancia”. Esta situación ya había sido observada por la Unidad de Auditoría interna de la Administración de Parques Nacionales en enero de 2017. 

Hay un dato del informe, aprobado en agosto de este año, que preocupa: el arroyo Yuto está contaminado por hidrocarburos, metales y sales a niveles que lo inhabilitan para consumo humano y uso agrícola. No obstante “abastece de agua a la localidad homónima”.  El estado del curso de agua se debe al colapso de uno de los pozos petroleros abandonado. 

De todas formas en el trabajo de la AGN se deja entrever que “no hay un diagnóstico ni un inventario de los pasivos generados por la actividad”. Y no es la primera vez que el organismo de control lo advierte, ya lo hizo en un informe de 1999. 

De la documentación examinada se desprende también que “el Estado Nacional desconoce la cantidad de pozos existente”.

Pueblos originarios

En una zona del Calilegua habitan los pueblos Guaraní y Kolla y allí la Auditoría destaca como “problema central la falta de acceso y/o regularización del territorio”. 

En el caso de los guaraníes el informe explica que “la falta de tierras les impide desarrollar su cosmovisión y costumbres”. Añade que “si bien existe dentro del parque un sendero intercultural que informa sobre su costumbres, no es suficiente para resguardar la reproducción física, material y espiritual”.

Sobre los Kolla se menciona que “si bien ocupan su territorio, solo poseen títulos comunitarios de algunas tierras” lo que genera “inestabilidad y un sentido de amenaza”.

En esta línea, la AGN retoma el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece varios derechos de los pueblos originarios en el interior de los Estados y que obliga a los gobiernos a “reconocer y respetar la especial relación espiritual, cultural y económica que poseen sobre sus tierras y territorios, especialmente, los aspectos colectivos”. En el informe se concluye que “nunca fueron consultados sobre la explotación petrolera en el Parque” y que, de hecho “el pueblo guaraní realizó un reclamo por ello”.

Sobre los habitantes originarios de las tierras, el organismo de control señala que “la Administración de Parques Nacionales no trabajó en conjunto con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas” como correspondía por la firma un convenio de cooperación.  

Fin de la actividad

En diciembre de 2015 una ley provincial dispuso el cese de la explotación de petróleo en el Parque Nacional Calilegua, el cierre de los pozos y la realización de las acciones que resulten necesarias para remediar los pasivos ambientales derivados de la actividad. 

Para el equipo de auditores “el fin de la actividad representa una mejora de la situación preexistente”, pero resaltan “la responsabilidad solidaria de todos los actores involucrados en las tareas de remediación de los pasivos generados”. Desde YPF, ya sea estatal o privatizada, hasta el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, la Administración de Parques Nacionales y el gobierno de la provincia. 

De hecho, durante casi toda la actividad del Caimancito, las autoridades locales y el personal del Parque “detectaron y denunciaron la existencia de impactos ambientales negativos”, sin mucho éxito.

Pese a que en marzo de 2016 se estableció un plazo de 30 días para elaborar y presentar un Plan Preliminar de Actuación, la AGN incluyó entre sus observaciones que “aún no se elaboró”.

Hoy el problema más grave que observó el organismo de control nacional fue un pozo abandonado fuera del parque, explotado originalmente por la ex YPF estatal, que “contamina las aguas superficiales y corren riesgo las subterráneas”. 

El informe concluye con que “resulta necesario que la Administración de Parques Nacionales aumente los esfuerzos dedicados al cierre definitivo del yacimiento y a la remediación ambiental tanto de la zona protegida como de sus alrededores”.

 
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