Miércoles 20 de Septiembre de 2017

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Olavarría: pagaron cenas y cigarrillos con la caja chica municipal

Concejales habían denunciado en mayo que el Ejecutivo local compró alimento premium para mascotas, yerba, leche, bizcochos, una bebida alcohólica de $ 1.500 y que hasta hubo desembolsos para una empresa supuestamente vinculada a funcionarios comunales. Ahora, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires confirmó los datos y pedirá explicaciones.

Martes 05 de Septiembre de 2017

A tres meses de las denuncias hechas por concejales de Olavarría, sobre supuestos usos irregulares de la caja chica del municipio, trascendió que el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires comprobó varios datos y pedirá explicaciones a funcionarios de la ciudad.

Las acusaciones en cuestión trascendieron el 30 de mayo de este año, en medio de una sesión del Concejo Deliberante local en la que se trató la rendición de gastos del ejercicio 2016, que finalmente fue aprobada, aunque con salvedades que se enviaron al organismo de control bonaerense.

En aquella oportunidad, los ediles habían cuestionado que el Ejecutivo no contestara los pedidos de informes sobre los desembolsos hechos mediante la caja chica, entre los que se destacaban la compra de cigarrillos, bizcochos, yerba, leche, comida premium para mascotas y hasta cenas no protocolares.

Además, se alertó sobre un gasto de 1.500 pesos por una bebida alcohólica y hasta pagos a empresas supuestamente vinculadas a funcionarios de la Municipalidad.

Las salvedades que figuraban en la rendición de gastos fueron analizadas por el Tribunal de Cuentas, que ahora apunta, por un lado, al exsecretario General y de Coordinación, Jorge Larreche (que renunció en marzo de este año), a quien se le atribuyen la mayor parte de las compras de alimentos -incluso la comida para mascotas-. Y, por el otro, al subsecretario de Administración, Gastón Acosta, que declaró haber destinado 520 pesos a un emprendimiento privado.

Ese dinero, según trascendió, fue para pagar un acta notarial a nombre de una sociedad con la que el mismo funcionario tendría vinculación.

Ante este panorama, el organismo de control solicitó a la Municipalidad que envíe explicaciones y antecedentes que demuestren la finalidad pública de los gastos cuestionados o, en caso contrario, la documentación que permita verificar el reingreso de los fondos a las arcas comunales.

Desde aquella sesión de fines de mayo en el Concejo Deliberante, el Ejecutivo local aumentó a 28 mil pesos el tope de caja chica para todas las dependencias municipales y emitió un decreto mediante el cual prohibió el uso de esos fondos para gastos en comida.

 
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