En los últimos tiempos se instaló en la opinión pública la cuestión de la inseguridad, a partir del ostensible aumento de delitos graves y de su protagonismo, cada vez mayor, en la agenda mediática. De hecho, el cierre de este nuevo número de “El Auditor.info” es contemporáneo a un debate sobre el rigor de la justicia, con invocaciones a la pena de muerte y a la reformulación de los Derechos Humanos incluida, impulsado por personalidades reconocidas de los medios masivos de comunicación: conductores de televisión, periodistas, actores o los llamados “opinólogos”, manifestaron su posición sobre el falta de seguridad y el rol del Estado.

Sin ánimo de analizar ese debate, en esta página web se publican informes de los organismos de auditoría pública que enumeran una serie de falencias de control por parte del Estado que, visto desde su lugar de garante de los derechos ciudadanos, también podrían ser incluidas en la categoría de “inseguridad”.

La Aduana no tiene registro de los residuos peligrosos que ingresan al país. La “inacción coordinada”, según la Auditoría General de la Nación, en los controles del transporte a nivel nacional. Seis de cada diez productores de equipos de gas natural comprimido operan con matrículas vencidas. Pese al aumento de su presupuesto, el OCCOVI no controla los corredores viales. El SENASA no verifica la calidad de los alimentos que se comercializan en el mercado interno. El ente que controla la seguridad de las presas no puede medir la probabilidad de accidentes. Son ejemplos.

Así, da la impresión de que la Argentina está permanentemente al borde de la cornisa y, casi siempre, estas irregularidades toman estado público en forma de lamento, tras un hecho consumado.

No obstante y lejos del alarmismo, al riesgo que suponen estas inobservancias, se suman controles que los mismos organismos auditores definen como “laxos”, y que también arrastran al Estado a potenciales y reales fracasos administrativos en cuanto a la gestión del erario público. El ejemplo paradigmático es la descapitalización de Aerolíneas Argentinas y de Austral que, luego de casi dos décadas en manos de empresas privadas y ausencia estatal, registran un patrimonio neto negativo de $ 2.190 millones.

De alguna manera, estos temas también representan una parte de lo que los medios de comunicación llaman “la inseguridad nuestra de todos los días” y, quizás, debieran tener mayor difusión.

Hugo Quintana