En la salud de las personas, como en la de las cuentas públicas, siempre es mejor prevenir que curar. La prevención se torna absolutamente necesaria en el segundo caso, cuando la experiencia nos enseña que los daños al patrimonio público raramente, por no decir nunca, tienen adecuada reparación.

La prevención como evitación de un perjuicio mayor al erario es una de las contribuciones que pueden hacer los organismos estatales de control, ello en la medida que sus agentes se comporten con independencia, cuenten con  facultades y recursos suficientes para actuar, examinen asuntos de relevancia pública y lo hagan con oportunidad. Sin embargo, la prevención pierde su efecto benéfico cuando el destinatario de la observación desoye las recomendaciones.

En el régimen jurídico de la administración financiera del Estado nacional, los organismos centrales de control son las Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN); el primero, como órgano rector del sistema de control interno, y el segundo del sistema de control externo. En el caso de este último, el Congreso de la Nación adeuda el dictado de una ley reglamentaria del artículo 85 de la Constitución Nacional que consolide su autonomía en sentido amplio y fortalezca su capacidad institucional.

Tiempo a atrás, antes de que tomaran tanto estado público las relaciones comerciales de nuestro país con la República Bolivariana de Venezuela, ambos organismos de control habían emitido informes críticos respecto del fideicomiso que organizaron los respectivos gobiernos para las compras del fuel oil por parte de Argentina. Este hecho nos refuerza en el convencimiento sobre la necesidad de sancionar una legislación de reforma de la estructura del control público, especialmente de la parte que le toca a la AGN, de modo que actuaciones como la recién comentada no sean episodios aislados o espasmódicos, sino que administradores y ciudadanía puedan advertir que existe allí una potencialidad para prevenir, detectar e informar a tiempo daños económicos y configurar una gestión pública más responsable, decente y eficaz.

Hugo Quintana