“Estamos insertos en una crisis climática que es más grande que el Covid-19 y que requiere medidas urgentes, como el control externo ambiental de los recursos naturales provinciales”, expresó Sol Klas, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC). Hoy, de los 22 Tribunales de Cuentas (TC) provinciales solo uno realiza control externo ambiental, el de la Provincia de Buenos Aires.

En el Plan Estratégico de 2013-2018, el TC bonaerense decidió incorporar dichas auditorías para ampliar el espectro de control. "Se realizan desde el enfoque del desempeño, considerando también la normatividad existente en la materia. Los objetos de análisis se seleccionan en base a una planificación institucional y se ejecutan con equipos conformados por miembros de todas las áreas, en búsqueda de una instalación transversal del tema en el organismo”, informaron desde el ente.

Hasta el momento realizaron informes sobre pasivos ambientales, Agenda 2030/ODS y gestión de cuencas. Actualmente trabajan en auditorías de gestión de residuos, áreas naturales protegidas, agua potable y pasivos mineros. Desde el TC consideran que "es fundamental que el control público externo incorpore este eje para impulsar, a través de hallazgos y recomendaciones, mejores políticas públicas ambientales. Esto se torna aún más relevante en los organismos de control provinciales, dada la titularidad de los recursos naturales que fija la Constitución Nacional”.

"En algunas provincias les quitaron expresamente las competencias de control ambiental a sus tribunales”, subrayó Klas

Según el Artículo 124 de la Constitución las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales, por lo tanto son ellas las encargadas de controlar de manera interna. A nivel Nacional, la Auditoría General de la Nación (AGN) amplió su concepto de gestión al incorporar este tema como un área de control. “Pero esto no pasa en las distintas jurisdicciones. Hoy no todos los Tribunales están ejerciendo el monitoreo de la gobernanza ambiental.  Entendemos que es difícil debido a la naturaleza compleja de la acción gubernamental”, completó Sol Klas.

En 2001 la AGN creó el Departamento de Control de Gestión Ambiental, un área específica para la problemática. Desde entonces diferentes temas y áreas fueron auditadas como recursos hídricos, minería, actividad nuclear, bosques, desertificación y energías renovables, entre otros. De los más destacados aparece el informa sobre la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), que fue utilizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en causa “Beatriz Mendoza c/ Estado Nacional y otros”.

Pero ¿qué es el control externo ambiental?

Comprende un análisis de ciertas variables, determinando qué situaciones afectan al medio ambiente y a los recursos naturales o los resultados de cierta actividad. “Se puede auditar la extracción de minerales y combustibles fósiles, las construcciones de represas, los programas de energía renovable, las licencias que se dan para operar, depende de las características de cada lugar. Hay provincias donde les quitaron expresamente las competencias de control ambiental a sus Tribunales”, subrayó Klas.

Según un estudio de la Organización Mundial del Trabajo (OIT) de 2019, en 10 años se perderán 80 millones de puestos de trabajo por el aumento del estrés térmico, la carga de calor que recibe y acumula el cuerpo humano debido al calentamiento global y la crisis ambiental.  “Todo esto va a dificultar la lucha contra la pobreza que es el principal Objetivo de Desarrollo Sostenible”, alertó Klas, quien agregó: “Comenzamos desde abajo, capacitando a trabajadores para que identifiquen áreas a ser controladas o que tengan impacto ambiental para después poder empezar a hacer auditorias de cumplimiento de gestión o de seguimiento. Hay mucho para hacer en la materia y entendemos que es urgente”.