A 10 años del primer grito colectivo Ni Una Menos, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia difundió un informe con los índices de femicidio de 2024: hay una muerte cada 36 horas. El análisis surge del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.

El informe arrojó que en 2024 hubo 228 víctimas directas de femicidio y 19 de femicidio vinculado, lo que implica un total de 247 víctimas fatales producto de la violencia de género. Además, 31 niños, niñas y adolescentes resultaron huérfanos por estos crímenes, y en muchos casos, quedan a cargo de familiares sin apoyo estatal específico.

Para la Asociación Civil La Casa del Encuentro, por su parte, ya se contabilizaron 105 femicidios en lo que va de 2025 y, en este contexto, el lugar más inseguro para una mujer víctima de violencia resulta su casa, ya que según sus propios relevamientos, realizados a través del Observatorio Adriana Marisel Zambrano, el 67% fueron asesinadas en su hogar. Durante 2024, se contabilizaron 318 víctimas fatales por violencia de género. Del total, 283 resultaron femicidios vinculados de mujeres y niños. Según este relevamiento, hubo una muerte cada 27 horas. 

Las cifras muestran que los niveles de violencia hacia mujeres y diversidades se mantienen estables desde hace varios años, sin variaciones significativas, aunque el contexto agudiza el problema. Para Alejandra Benaglia, responsable del área de Comunicación de La Casa del Encuentro, “lo preocupante es el aumento de la violencia”, porque si bien “los femicidios se mantienen en una cifra similar todos los años, las mujeres se encuentran en una situación de violencia diferente desde que asumió el Gobierno actual, más que nada por los discursos de odio y, especialmente, contra todo lo que tiene que ver con el género”, explicó.

Según datos de la Casa del Encuentro, el 67% de las víctimas fueron asesinadas dentro de su casa, que se convirtió en el lugar más inseguro

Estos datos se conocieron pocos días después de que el Ministerio de Justicia diera de baja 13 programas de género. Entre otros, fueron eliminados “Acompañar”, que buscaba fortalecer la independencia económica de mujeres y población LGBTI+ en situación de violencia de género; e “Igualar”, destinado a reducir las brechas y segregaciones estructurales de género que existen en el mundo del trabajo, el empleo y la producción. 

Si bien el anuncio es reciente, estos programas no contaban con financiamiento ni se encontraban en funcionamiento desde 2024, luego de la disolución del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. 

La ejecución de programas se frenó desde fines de 2023 y los equipos de atención a mujeres en situación de violencia sufrieron despidos masivos. Una nota de El Auditor.info analizó oportunamente los datos de los recortes y la subejecución de presupuesto en programas destinados a temáticas de género.

Las organizaciones que se encargan de la temática de género suelen explicar que las víctimas no denuncian en todos los casos, debido a diferentes motivos: falta de confianza en el sistema judicial, dependencia económica o emocional hacia el agresor y miedo a represalias, entre otras. “Las mujeres no se acercan porque no disponen de medios para irse de sus casas. Ante la eliminación del programa ‘Acompañar’, que les daba un monto de dinero para poder irse de esa vivienda compartida en la cual sufrían violencia, no pueden alejarse y, tampoco, denunciar", aclara Benaglia.

El 50% de las mujeres sufren o sufrieron violencia de género. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, durante 2023 se registró que el 53,3 % de las mujeres mayores de 18 denunciaron algún hecho de violencia, mientras que solo el 26,6% realizó la denuncia en el sistema judicial.

Desde la primera movilización, allá por 2015, el movimiento Ni Una Menos logró instalar en la agenda pública una problemática históricamente invisibilizada, además de impulsar diferentes leyes. Pero las estadísticas reflejan que los desafíos siguen siendo múltiples: mejorar el acceso a la Justicia, fortalecer las redes de prevención, garantizar el cumplimiento de medidas de protección, generar independencia económica para las víctimas y sistematizar los datos a nivel federal.