En los últimos años, Argentina (y el mundo) enfrenta desafíos ambientales más complejos que evidencian que la crisis climática está cada vez más instalada en la región. 

Tres temporales graves produjeron inundaciones en Bahía Blanca y en el Gran Buenos Aires, hubo incendios en el Delta del Paraná, así como en Córdoba y la Patagonia. En el medio, se perdieron vidas, recursos naturales y bienes materiales. Pero también se destruyó fauna y flora. 

En ese sentido, el Congreso tiene deudas pendientes: todavía no avanzó con ninguno de los proyectos de ley relacionados con el ambiente, aunque hubo reuniones en distintas comisiones. 

En este momento hay presentados 63 proyectos que se encuentran vigentes y comprenden 15 ejes ambientales diferentes, entre los cuales se destacan humedales, trazabilidad de la pesca, agroecología y plásticos de un sólo uso, entre otros. Asimismo, 25 iniciativas perdieron estado parlamentario y deberán aguardar dos años para poder ser presentadas nuevamente en cualquiera de las dos Cámaras.

“La tarea legislativa en temas ambientales está claramente rezagada, como en general toda la actividad del Congreso. Tampoco veo mucha actividad de parte de las comisiones respectivas, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores, para avanzar en el tratamiento de estos temas”, explica Andrés Nápoli, director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). 

Consuelo Bilbao, cofundadora del Circulo de Políticas Ambientales (CPA), ve algo de movimiento: “Hay debate, están en la agenda parlamentaria algunos temas ambientales como ‘Humedales’, la Ley de Envases… Estamos esperando que se pueda tratar en Senado la Ley de Trazabilidad Pesquera, que es un proyecto que impulsamos nosotros y tiene que ver con poder garantizar el origen del producto pesquero, desde la etapa de captura hasta el consumidor”. 

La Ley de Envases mencionada por Bilbao puede perder estado parlamentario si no se trata dentro de los próximos dos meses. Es una norma que impulsan desde el CPA. "Si bien es para todo tipo de envases, gran proporción de los que son de consumo de bienes masivos es de plástico, por lo cual necesitamos tener una ley bajo el principio de responsabilidad extendida al productor, que es el que decide qué tipo de envases se producen, se usan y van al mercado, entonces, que sean los responsables de afrontar los costos de la gestión de ese envase posconsumo”, plantea la cofundadora del Círculo.

El caso más emblemático mencionado es el del proyecto de Ley de Humedales, presentado por primera vez en 2013. Desde entonces, fue archivado cuatro veces por falta de acuerdo político, por presiones del sector inmobiliario y por demoras estratégicas en comisiones. Para Nápoli, es una de las más urgentes porque “alrededor de un 21% de la superficie del país está conformada por humedales, son territorios sumamente frágiles donde el agua y la biodiversidad son los protagonistas principales. En un país donde se pierde aceleradamente biodiversidad y que soporta las consecuencias del cambio climático es necesario tener una protección territorial de estos espacios”. 

El proyecto de Ley de Humedales fue presentado por primera vez en 2013. Desde entonces, fue archivado cuatro veces

Según el CPA, el tema que debería tener prioridad para su tratamiento parlamentario es el régimen de energías de fuentes renovables. “Para que ese sector sea competitivo necesita de un régimen de promoción, porque si bien los costos de las fuentes de energía solar o eólica bajaron mucho en el mundo.  

A pesar de la inacción en materia ambiental, Nápoli sostiene que están a la expectativa de que el Congreso trate el proyecto destinado a la regulación de emisiones de metano: “Es una sustancia que se emite en la explotación de gas, fundamentalmente, y Argentina tiene yacimientos muy grandes de gas en Vaca Muerta. Produce efecto invernadero y necesita regulación”, explica. 

El país tiene asumidos diferentes acuerdos y compromisos internacionales para abordar las cuestiones ambientales. Uno de los más relevantes es el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe, aprobado en 2020 bajo la Ley 27.566. Entre otros intereses, busca garantizar el derecho a un medio ambiente sano, el acceso público a la información y la participación en la toma de decisiones ambientales. Las dilaciones en el tratamiento legislativo de los proyectos ambientales impide que se pueda cumplir con las obligaciones asumidas.

"Hay que seguir movilizándonos para poder reclamar por normas ambientales", reafirma Bilbao. Según su mirada, cuando una demanda social se manifiesta de forma masiva y sostenida, se convierte en una clara señal para la agenda política, especialmente cuando se articula con los medios de comunicación, la opinión pública y los actores políticos, a través de campañas en redes sociales, marchas o peticiones. 

"Las principales leyes ambientales que han salido en nuestro país, como fue Ley de Bosques en 2007, se dieron por una activa demanda de la sociedad civil. Sin la presión de la ciudadanía, esas leyes, que tenían sectores corporativos del agro y ganaderos muy grandes, nunca hubieran salido”, asegura Bilbao.