En una coyuntura marcada por la necesidad de repensar el rol del Estado y las políticas públicas, un grupo de profesionales tiene la función de aportar conocimiento, continuidad y capacidad de gestión a la administración pública nacional. El Cuerpo de Administradores Gubernamentales (CAG) está conformado por más de 60 miembros que se desempeñan en los distintos ministerios, direcciones y secretarías. 

Inspirado en experiencias internacionales, en 1984 el entonces presidente de la Nación, Raúl Alfonsín, impulsó la creación del CAG, cuyas funciones quedaron definidas en el Decreto 2098/87. “Sin este tipo de agente público, las acciones estatales tienden a distorsionarse gravemente", señalaba a fines de los '90 Guillermo O’Donnell, considerado uno de los mayores analistas del Estado argentino. 

Fernando Ciancio Costa es contador público de profesión. Como administrador gubernamental, actualmente se desempeña en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Una de las características que resalta es el carácter multidisciplinario del CAG, lo cual permite "responder a las distintas demandas de manera integral, combinando pericia y diversidad a la hora de encarar soluciones" a los desafíos que se presentan. 

Para Ciancio Costa, un administrador gubernamental es un “facilitador entre la gestión política y la burocracia administrativa”. En este sentido, detalla que el trabajo suele nacer con una solicitud de asistencia técnica requerida por una autoridad política (ministro, secretario, subsecretario o titular de un organismo) y se realiza un reporte luego de interactuar con las distintas áreas técnicas y profesionales. “Es habitual graficar esta interacción con una bisagra, capaz de conjugar los objetivos institucionales establecidos por la autoridad política con la acción de las áreas operativas para llevarlos a cabo”, detalla.

Entre “lo técnico y lo político”

Parte de la función de un AG es convencer a los funcionarios políticos de las ventajas de encarar una planificación que no esté marcada por el cortoplacismo u horizontes de gestión estrechos. Pero la tarea no es nada sencilla, sobre todo cuando se registran abruptos cambios de rumbo en la política que permean hacia la administración.  

“Los cambios políticos generan un gran desaliento en los funcionarios burocráticos. Ven pasar numerosos elencos políticos que imponen directivas opuestas con independencia de los costos que estas discontinuidades generan, como así también de los atrasos en el cumplimiento de metas indispensables para el desarrollo de cualquier sector estatal”, indica el especialista. 

En un administrador gubernamental debe convivir el saber técnico con el conocimiento de la burocracia y de la política. En este sentido, Ciancio Costa agrega que una gestión pública carente de expertise muy probablemente fracase a la hora de obtener los resultados pretendidos. Al mismo tiempo, la gestión basada en un pretendido “despojo de decisiones políticas” terminará afectando a sectores y actores sociales, con un impacto político determinado en la sociedad, sea pretendido o no. También destaca que, hoy, las agendas públicas de cualquier sociedad son mucho más engorrosas, heterogéneas y multidimensionales en comparación con la de años atrás. 

Cecilia Mendoza | Administradores Gubernamentales [Fragmento del Ciclo de entrevistas realizadas por El Auditor.info]

“La gestión pública requiere de conocimientos específicos, aptitudes y, sobre todas las cosas, de sensibilidad y sentido de la responsabilidad por el manejo de lo público, que no habitan necesariamente en la gestión privada. Hay un tristísimo dicho que reza ‘lo que es de todos no es de nadie’. Prefiero ponerlo en estos términos: ‘Lo que es de todos, es de todos (y mío también)’ y por lo tanto merece un cuidado, una atención y un manejo excepcional por la imprescindible rendición de cuentas que debe llevar consigo”, describe.

Los grandes desafíos en la APN

Maine Martínez también es contadora y administradora gubernamental. Anteriormente, se desempeñó en el Ministerio de Educación de la Nación. Ella asegura que el gran desafío actual de la administración pública es sostenerse en el contexto de una gestión de gobierno que entiende que debe ser reducido a su mínima expresión. 

“Los cambios que hoy se necesitarían, en una coyuntura más favorable, están vinculados a dos cuestiones relacionadas a los trabajadores: una tiene que ver con generar una normativa que permita un modelo híbrido, con trabajo no presencial cuando sea posible; y la otra tiene que ver con las formas de ingreso o contratación de los trabajadores estatales, y contar con definiciones previas en relación a qué perfiles son necesarios y con qué habilidades, en virtud de modelos de Estado que cambian cada vez que cambia la gestión de gobierno", plantea, y agrega: "Lo cierto es que, hoy por hoy, frente a una misma tarea, puede haber no solo diferentes retribuciones sino también distintos derechos y obligaciones según la modalidad de contratación de cada trabajador”, explica.

Sobre la incorporación de talentos, Martínez señala que no existió una línea estratégica que induzca el ingreso de jóvenes profesionales al Estado, salvo iniciativas de funcionarios que estén dispuestos a generar equipos de asesores técnicos a quienes acompañe en su desarrollo dentro de la gestión o algunas propuestas que no se profundizaron. 

“Quien conoce medianamente el funcionamiento del Estado y de sus trabajadores, no hace una evaluación negativa de la administración pública”, asevera Martínez, quien considera que hay una campaña de desprestigio “originada en la necesidad de crear consenso en la ciudadanía en que el Estado es gigante, inoperante, costoso y de ese modo poder tener el visto bueno para una política de reducción”.

“No tengo ninguna duda de que hay funciones indelegables del Estado, más allá de lo grande o pequeño que se lo pretenda, más allá de que se impulse una gestión más o menos reguladora, más allá de que se prioricen políticas comerciales en desmedro de sociales o al revés. Esas funciones deben ser realizadas, oportunamente, con profesionalidad y eficiencia. Y para ello es imprescindible trabajadores estatales formados, reconocidos y bien remunerados”, sostiene.