Poder adquisitivo de las jubilaciones: la mínima se ubica por debajo de la línea de pobreza
Sin el pago del bono, más de la mitad de los jubilados sería pobre. El mecanismo de actualización vigente impide mejoras reales en los haberes. El plus quedó congelado en $70.000 desde marzo y, si se modificara por inflación, debería rondar los $155.000.
Por medio de la resolución 251/2025 y el decreto 444/2025 de ANSES, se establecieron los nuevos valores de los haberes previsionales correspondientes al mes de junio, que serán liquidados en julio.
La jubilación mínima de junio, que contempla la inflación del 1,5% informada por el INDEC a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo, quedó ubicada en $309.294 y asciende a $379.294 con el pago del bono de $70.000, cuyo monto está congelado desde marzo de 2024. Solo la combinación de la jubilación mínima más el bono ubica a los jubilados apenas por encima de la línea de pobreza: en mayo, según la Canasta Básica Total (CBT) publicada por INDEC, fue de $359.425.
La jubilación mínima de junio quedó ubicada en $309.294 y asciende a $379.294 de confirmarse con el pago del bono congelado en $70.000 desde marzo 2024
Si un jubilado tuviera como único consumo una CBT, solo le sobrarían $19.869 al recibir el bono. Este nivel de ingreso coloca a más de la mitad de los beneficiarios de ANSES cerca de la línea de pobreza. El Sistema Previsional Nacional Argentino (SIPA) cuenta en la actualidad con aproximadamente 10,9 millones de trabajadores aportantes (activos) y otorga 6,8 millones de beneficios. De esta población, alrededor del 50% de los beneficiarios percibe una jubilación mínima.
La única forma de que la jubilación mínima no quede por debajo de la línea de pobreza es el pago del bono. De todas formas, aunque el pago del bono coloca a la jubilación mínima por encima de la línea de pobreza, la CBT publicada por INDEC no contempla ni refleja la totalidad de gastos ni consumo de bienes y servicios de una persona adulta mayor en Argentina.
Existe otra referencia estadística un poco más cercana a la realidad de los jubilados y jubiladas. La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires produce un indicador más preciso sobre los tipos de consumos de los adultos mayores para evaluar el poder de compra real de los haberes jubilatorios.
Precisamente, la canasta básica de jubilados elaborada por la Defensoría trepó a $1.200.523 en abril de 2025, y si se actualizara este indicador por la inflación de abril (2.78%) más la de mayo, que fue del 1,5%, la canasta ascendería a $1.251.905. Este valor, que es un aproximado a partir de la indexación de la canasta anterior con el IPC de abril y mayo, y que no refleja los resultados de un relevamiento de campo, muestra que actualmente se requieren cuatro jubilaciones mínimas para cubrir los gastos.
El poder adquisitivo real de las jubilaciones
Entre 2016 y 2024, la relación entre la jubilación mínima y la CBT de un adulto mayor mostró una tendencia descendente: la jubilación mínima tiene cada vez menos poder de compra real.
Mientras que en abril de 2016 el haber mínimo representaba 1,8 veces la CBT de un adulto mayor, lo que indicaba que los ingresos de los jubilados eran más que suficientes para cubrir las necesidades básicas, actualmente alcanza para una CBT solo si se adiciona la liquidación del bono.
La única forma para que la jubilación mínima no quede por debajo de la línea de pobreza es el pago del bono.
La tendencia general del poder adquisitivo de los haberes mínimos es decreciente para las últimas cuatro gestiones de gobierno. Y aunque se producen ciertas recuperaciones relativas en ciertos períodos, no se logra detener la tendencia a la baja en general. Menos aún cuando el monto liquidado en el bono permanece constante desde hace más de un año. Si se actualizara en base al IPC, para recomponer la caída experimentada durante 2024 y los primeros meses de 2025, el bono de $70.000 debería rondar entre los $155.000 y los $160.000.
La situación actual indica que ni siquiera la suma de los bonos alcanza para que la jubilación mínima alcance el de poder de compra que tenía en abril de 2016. La tendencia general del poder adquisitivo de los haberes mínimos es decreciente para las últimas tres gestiones de gobierno.
La actual fórmula de movilidad y su relación con la línea de pobreza
La actual fórmula de movilidad previsional, establecida por el Decreto 274/2024, ajusta los haberes jubilatorios únicamente en función de la inflación pasada, replicando el mismo mecanismo de actualización que utilizan las canastas del INDEC. Al quedar indexados por un factor idéntico, la relación entre la jubilación mínima y la CBT para un adulto mayor quedará equiparada. Así, se da un acercamiento y estabilización de la línea de pobreza con el pago mínimo que reciben los jubilados.
La forma en que se calcula la movilidad previsional impide mejoras reales en el poder adquisitivo de los jubilados. De seguir aplicándose, los adultos mayores que perciben la mínima vivirán ajustados al límite de la línea de pobreza, sin margen para afrontar otros gastos o mejorar su calidad de vida.
En los últimos ocho años, se pasó de una situación en que una jubilación mínima cubría casi dos canastas básicas totales, a un presente en el que apenas alcanza el valor de una sola canasta por persona. En este contexto cobra relevancia el debate público sobre los distintos mecanismos de actualización de los haberes, que si bien buscan sostener el nivel de vida de las personas mayores, no lograron revertir el deterioro de los últimos tres lustros.
La forma en que se calcula la movilidad previsional impide mejoras reales en el poder adquisitivo de los jubilados
En relación a esta situación, la Cámara de Diputados dio media sanción al aumento de jubilaciones y pensiones del 7,2% (excepto los regímenes especiales), además de incrementar el bono de $70.000 a $110.000, actualizable por inflación. También fue aprobada la restitución por dos años de la moratoria previsional. Aún sigue pendiente la sesión en el Senado, que no tiene fecha programada. De todas formas, el Ejecutivo ya anticipó que, de aprobarse en el la Cámara alta, vetará la ley. y la sustentabilidad del sistema previsional.
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