Sin aumento en los haberes, ¿qué pueden esperar los jubilados para lo que queda del año?
La Cámara de Diputados no debatió proyectos para incrementar el haber ni el bono, como tampoco la prórroga de la moratoria. El 62% de las personas que accedieron al sistema previsional debieron regularizar más de 20 años de aportes.
Finalmente, por falta de quórum, la Cámara de Diputados no trató una serie de proyectos para mejorar las condiciones jubilatorias. El debate debía girar en torno a distintas propuestas que contemplaban un aumento de los haberes, el incremento del bono y la prórroga de la moratoria por dos años.
El primer paso se había dado en la comisión conjunta de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se debatieron distintas propuestas para dar respuesta a las demandas más urgentes de los beneficiarios del sistema previsional. De allí salieron 14 dictámenes.
Las iniciativas planteadas fueron muchas e iban desde actualizar el bono extraordinario de $70.000 a $115.000 hasta redefinir los criterios de acceso al sistema previsional, pasando por recomponer todos los haberes jubilatorios en torno al 7,2%, reformar la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y prorrogar por dos años la última moratoria.
El debate sobre las moratorias y su impacto fiscal es un dato crucial para comprender si representa o no un esfuerzo presupuestario. También permite reconocer cuánto implica para el Estado Nacional garantizar el acceso a la jubilación a personas en edad de acceder al beneficio, pero que no cuentan con los aportes suficientes. A partir de los datos disponibles, Fundación Éforo realizó un estudio integral sobre el sistema previsional y el impacto de la moratoria en el acceso y la garantía de un haber digno para los adultos mayores.
La última moratoria y su impacto fiscal
Según los últimos datos de ANSES, de los 7.278.830 beneficios de jubilaciones y pensiones otorgados en 2024, el 59% se debe a la implementación de las moratorias. Esta proporción se da en mayor medida en las jubilaciones que se pagan actualmente: de los 5.630.923 beneficiarios, el 65,5% se explica por la vía de la moratoria.
A finales de 2024, cerca del 60% de los jubilados accedieron al beneficio a través de una moratoria
En términos presupuestarios, en 2024, las prestaciones otorgadas a través de las moratorias previsionales sumaron $10,6 billones, mientras que el gasto total en jubilaciones y pensiones bajo el régimen de reparto ascendió a $17,3 billones. Por otro lado, el pago de bonos y otros refuerzos de carácter transitorio llegó a $2,9 billones.
Esto significa que cerca del 44% del gasto previsional corresponde a beneficiarios que accedieron mediante moratorias. Y a pesar del fuerte ajuste implementado en 2024 en el sector, las erogaciones para los beneficiarios de moratorias representaron el 2% del PBI, cifra que se eleva al 2,5% si se incluyen los bonos otorgados para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Una mirada federal sobre las moratorias
En las provincias del norte del país, como Formosa y Chaco, la proporción de beneficiarios con moratoria supera en cinco puntos porcentuales a la de quienes no requirieron de un plan de facilidades de pago de deudas previsionales, lo que indica una mayor dependencia de este mecanismo. Algo similar ocurre en Misiones y Corrientes, donde la brecha es de cuatro puntos porcentuales.
En cambio, en provincias con mayor formalización laboral histórica, como Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, la diferencia es menor (uno o dos puntos porcentuales), reflejando una menor necesidad de las moratorias para completar los aportes.
En Ciudad de Buenos Aires, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Tierra del Fuego y Río Negro, el porcentaje de beneficiarios con moratoria es inferior al de aquellos que accedieron sin ella. En el caso de CABA, esto puede deberse a un mayor nivel de empleo formal y mejores oportunidades de completar los aportes.
El problema de fondo: la informalidad laboral
El 62% de los beneficiarios de moratorias vigentes actualmente debió regularizar más de 20 años de aportes, lo que indica que, al momento de acogerse al régimen, no contaban con más de 10 años de contribuciones al sistema previsional. Solo al 4% de los beneficiarios por moratorias les faltaba completar menos de cinco años de aportes. En términos absolutos, más de 2,2 millones de beneficiarios por moratorias tenían menos de 10 años de aportes al momento de jubilarse y sólo 140 mil contaban con más de 25 años.
Esto demuestra que en el actual mundo del trabajo, el requisito de cumplir con los 30 años de aportes se convirtió en una situación excepcional. Es en este escenario donde las moratorias irrumpen como solución excepcional que, por un lado, amplían el acceso y los derechos de las personas que no pudieron cumplir con los requisitos; y por otro, producen una situación de desfinanciamiento crónico del sistema previsional. La informalidad y la intermitencia laboral impiden que amplios sectores de la población puedan completar una trayectoria contributiva suficiente para acceder a una jubilación.
Cerca del 44% del gasto previsional corresponde a beneficiarios que accedieron al sistema mediante moratorias
En Argentina, prácticamente cinco de cada diez empleos no están registrados. Por más que parezcan temas separados e independientes, la informalidad laboral constituye el principal desafío para la seguridad social. La expansión de los empleos informales, la intermitencia, la rotación, el desempleo y los bajos salarios son rasgos que definen la situación crítica del mundo del trabajo, pero también son los factores que explican el problema de financiamiento del sistema previsional.
La prórroga de la moratoria previsional en números
Entre algunas de las propuestas presentadas en las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación está la de prorrogar por dos años la última moratoria, que perdió vigencia el 23 de marzo de este año. A pedido de varios diputados, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) realizó una estimación sobre el impacto fiscal y la cantidad de personas potencialmente beneficiarias que implicaría la prórroga por dos años de la última moratoria (Ley 27.705).
Las potenciales altas por moratoria se estiman en 441.226 en caso de prorrogarse por dos años: 219.644 altas para el primer año y 221.582 para el segundo. Por otro lado, la extensión de la moratoria implicaría un costo fiscal del 0,084% del PBI para el primer año y del 0,081% para el segundo. De prorrogarse por dos años la última moratoria, el costo fiscal total ascendería al 0,165% del PBI.
En el caso del bono, se analizaron dos escenarios: el primero, con un bono de $105.000; y el segundo, de $115.000. El impacto fiscal anualizado ascendería al 0,23% PBI para el primer escenario y al 0,30% para la segunda situación.
De prorrogarse por dos años la última moratoria, el costo fiscal total ascendería a 0,165% del PBI
A su vez, la OPC señala que de mantenerse el bono de $70.000, los créditos vigentes no resultan suficientes para cubrir durante el 2025, señalando un faltante de $98.551, que llegaría a $1.262.723 millones si se pagara un bono de $105.000 y a $1.599.511 en caso de un bono de $115.000.
Una mirada integral para un problema complejo
El sistema previsional es uno de los principales componentes del gasto público y concentra los recursos que tienen como objetivo garantizar una vida digna a los adultos mayores. Cualquier modificación o cambio en la gestión de sus ingresos o egresos impacta directamente en el equilibrio fiscal y en las decisiones de política económica del Estado. La reforma previsional y el diseño de una nueva moratoria ponen en juego tanto el equilibrio fiscal, eje de la política económica del Poder Ejecutivo, como la calidad de vida de los adultos mayores en Argentina.
Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la última moratoria representó un costo fiscal equivalente al 0,42% del PBI. La suspensión del plan de pagos para deudas previsionales significa que 8 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 varones, en el futuro inmediato, no accederán a un beneficio jubilatorio por incumplir los 30 años de aportes. La precarización e informalización de gran parte de los puestos de trabajo dificultan la acumulación de años de aportes suficientes para acceder a una jubilación sin necesidad de moratorias y afectan la sustentabilidad financiera, así como la equitatividad distributiva del propio sistema previsional.
Un esquema previsional sólido requiere un equilibrio entre la cantidad de trabajadores activos que aportan y la cantidad de jubilados que perciben prestaciones. Aunque las moratorias amplían el acceso a la jubilación a las personas que no lograron cumplir con los 30 años de aportes, plantean un problema de sustentabilidad y equidad que se refleja directamente en el aumento de beneficiarios y en el deterioro de los haberes jubilatorios.
Para profundizar más en el tema y porque analizar la realidad es también participar, desde Fundación Éforo te invitamos a conocer los informes técnicos y ciudadanos disponibles en nuestro sitio web.