Una deuda que lleva más de 30 años: el artículo 85 de la Constitución sigue sin reglamentarse

Más de treinta años después de la reforma constitucional de 1994, el Congreso aún no reglamentó el artículo 85 de la Constitución Nacional, que establece que el control externo del sector público nacional está a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN), con dependencia del Poder Legislativo. Esta omisión se volvió central en medio de una creciente discusión parlamentaria por el funcionamiento de ese organismo, que no tiene auditores generales: solo cuenta con un presidente, limitado a tareas administrativas. 

El debate cobró impulso en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde se pusieron sobre la mesa más de una decena de proyectos de ley para modificar el marco normativo vigente. Todas las propuestas buscan ajustar la legislación a la Constitución. El eje común es la necesidad de actualizar la Ley Nº 24.156, sancionada en 1992, dos años antes de la reforma constitucional que consagró a la AGN como órgano de control externo con rango constitucional. Varios de los textos plantean mecanismos más transparentes de designación, límites a los mandatos de los auditores, atribuciones funcionales ampliadas, mayor autonomía y un rediseño de la articulación con el Congreso.

Según explicó Carla Pitiot, directora del Observatorio del Control Público, “la AGN es un organismo clave en el sistema político y administrativo de la Argentina y por ello es fundamental que el artículo 85 sea reglamentado”. Advirtió que la falta de una ley específica generó un desfasaje entre el mandato constitucional y el régimen legal vigente, lo que derivó en situaciones anómalas como la acefalía actual del Colegio de Auditores. 

En ese sentido, sostuvo que la normativa vigente no contempla las atribuciones específicas, los procedimientos ni los plazos para la elección de sus autoridades. “El Congreso debe cumplir con la manda constitucional que pusieron los constituyentes en su cabeza para dar certidumbre al funcionamiento del organismo”, afirmó.

Desde la Comisión de Asuntos Constitucionales destacaron la decisión de abordar el tema con la participación de expertos. “Me parece valioso el debate y la oportunidad para que, a partir de la situación anómala como la que se encuentra atravesando la AGN, se esté propiciando la discusión en el seno de la comisión”, afirmó Pitiot, quien fue una de las convocadas para hablar del tema. 

El diagnóstico también lo comparte la diputada nacional Carla Carrizo, integra de la comisión que trata el tema. Explicó que el proceso legislativo tuvo un arranque alentador, con varios proyectos presentados, incluido uno del presidente de la Cámara, Martín Menem, que plantea una reforma integral. Pero también advirtió que aún no se concretó un trabajo específico para articular los textos y construir un consenso legislativo. Señaló que el artículo 85 nunca fue reglamentado porque la ley que crea la AGN es anterior a la reforma del '94. Y consideró que, detrás de esa omisión prolongada, existe una razón política de fondo: “El Poder no suele querer ser controlado, de manera que dotar de mayor ductilidad y profesionalismo a la AGN no siempre fue agenda de los gobiernos, que en general no quieren ser controlados. Fue más bien una agenda de las oposiciones”.

Uno de los aspectos críticos del debate es el impacto que tiene hoy esa falta de reglamentación sobre la función de control. Carrizo explicó que el sistema actual no permite prevenir desvíos ni irregularidades porque la AGN interviene cuando los hechos ya ocurrieron. “El control se hace siempre ex post, de manera que se conocen los daños, pero no se evitan, como sí sucede con otros organismos de control a nivel internacional”, advirtió. En esa línea, propuso incorporar el mecanismo de control ex ante o concomitante, de manera que el organismo pueda intervenir en tiempo real sobre los actos del Poder Ejecutivo.

Otra de las propuestas en discusión apunta a garantizar la autonomía funcional de la Auditoría. Según la legisladora, la AGN está actualmente “muy atada a la decisión de agenda que se le impone desde la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y las de Presupuesto”, lo que reduce su capacidad de actuación. Advirtió, además, que esas decisiones suelen concentrarse en un grupo reducido de legisladores, por lo que reclamó una democratización del funcionamiento del organismo.

El escenario político, sin embargo, no parece despejado. Las discusiones se trabaron por el reparto de lugares entre oficialismo y oposición. Según Pitiot, ese es el principal impedimento estructural para avanzar con la reglamentación del artículo 85. “Cada vez que ha surgido la posibilidad en agenda de tratar la reglamentación del artículo 85, se ha presentado el mismo obstáculo: la discusión por los cargos, que es en definitiva la discusión del poder en disputa de quienes interponen candidaturas e intereses personales y políticos por sobre la deuda pendiente del Congreso”, analizó.

La directora del Observatorio del Control Público recordó que la Auditoría cumple una función técnica, pero también social. “El rol de la AGN sigue siendo fundamental para la fiscalización de la actividad de la administración pública”, aseguró.

Desde el Observatorio, que depende de Fundación Éforo, se promueven propuestas para mejorar el sistema de control externo. Entre ellas, se destaca el seguimiento de experiencias regionales, el trabajo con entidades de fiscalización de América Latina y la generación de datos y monitoreos sobre el desempeño de los organismos de control. “La creación del Observatorio surgió como respuesta a la demanda cada vez más exigente de la ciudadanía de contar con información, seguimiento y monitoreo de la tarea de los organismos de control”, explicó Pitiot.

El proceso legislativo todavía está en una etapa iniciática. Hay coincidencias sobre los ejes que debería tener una reforma: establecer si se modifica la duración del mandato de los auditores, definir un procedimiento transparente de designación, garantizar la autonomía del organismo, incluir controles en tiempo real y mejorar la articulación institucional. Pero falta un acuerdo político integral para que esos principios se traduzcan en una ley.