El Banco Provincia de Neuquén y el Ministerio de Desarrollo Social denunciaron irregularidades en el manejo de las cuentas de planes sociales tras las demandas de beneficiarios de que entregaban sus tarjetas de débito para que otros cobraran por ellos. A la investigación que lleva adelante la Justicia se sumó otra desarrollada por el Tribunal de Cuentas de la provincia que busca saber si hubo perjuicio fiscal sobre los fondos públicos.

La denuncia fue hecha en julio pasado y se originó luego de que una persona asegurara que en su cuenta no había dinero luego de haber cobrado su plan. A ese caso, en pocos días se sumaron 197 damnificados y luego otros tantos hasta registrarse 405 casos. Todas son operaciones realizadas entre 2020 y 2022, pero que se conocieron recién a mediados de este año y en pocas semanas. El monto, estiman, podría alcanzar los $500 millones. 

La investigación judicial descubrió que a los damnificados, que les depositaban $49 mil como subsidio, en realidad les llegaban $8 mil y el resto quedaba en mano de quien hacía la extracción. ¿Quién se quedó con el dinero? Es algo que, por ahora, la fiscalía no logró determinar. 

La investigación del Tribunal de Cuentas

Ahora la causa cuenta con otra investigación: la del Tribunal de Cuentas de Neuquén. Será bajo el formato de Sumario Administrativo, como lo establece la Ley provincial de Administración Financiera y Control de Gestión. El objetivo es esclarecer si existió perjuicio fiscal sobre fondos públicos provinciales en el manejo de los planes sociales.  

“La investigación del Tribunal de Cuentas apunta a la responsabilidad patrimonial”, sostuvo el presidente subrogante Roberto Busamia. 

En diálogo con El Auditor.info, el presidente subrogante del Tribunal de Cuentas de Neuquén Roberto Germán Busamia explicó que “si bien se tenía conocimiento, por información publicada en la página del Ministerio Público Fiscal y en los medios de comunicación, que existía una investigación en el ámbito judicial penal, la del Tribunal de Cuentas apunta a la responsabilidad patrimonial”. 

“En la causa penal todavía no hay formal formulación de cargos que individualice hechos, encuadre conductas y dirija imputaciones a personas identificadas. Al margen de la hipótesis judicial penal, apuntamos a lo patrimonial en los términos de la Ley 2141 y el rol constitucional de control que tiene asignado el organismo”, agregó el vocal del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén y que tiene a cargo la presidencia del Tribunal tras el fallecimiento de Hugo Acuña.

Los años que investiga la Fiscalía, y ahora también el Tribunal de Cuentas, son 2020, 2021 y 2022, y según Busamia “por el momento no se tiene conocimiento que en los años que habrían ocurrido los hechos, el Tribunal haya emitido acuerdo o generado actuaciones con observaciones puntuales sobre la operatoria de planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social provincial”.

En ese sentido, el actual presidente del Tribunal neuquino recordó las cuentas públicas correspondientes a los Ejercicios 2020 y 2021 del Ministerio de Desarrollo. “Se han presentado en los plazos legales, dentro de los seis meses posteriores a cada cierre de año y en forma consolidada en la cuenta general de Administración Centralizada por intermedio de la Contaduría General de la Provincia”, sostuvo.  

Sin embargo, a partir de la nueva investigación del Tribunal, la instructora sumariante designada podrá ampliar la revisión a toda la actuación pública que le parezca relevante para conocer hechos, evaluar conductas y determinar la posible existencia de perjuicio fiscal. “Si así lo determinara, el Tribunal de Cuentas podrá evaluar convertir ese sumario en un juicio de responsabilidad con imputación y cargo económico”, concluyó Busamia.