No hay certeza sobre quién inventó la expresión "calidad institucional"; lo cierto es que últimamente está en muchas bocas públicas. Uno la va a encontrar en el discurso oficial, pero también en el de la oposición. Le puede suceder a ella lo que a otras tantas palabras significativas cuando se las invoca repetidamente y no se las acompaña con acciones apropiadas: se desgastan, se vacían de contenido, saturan.

 

En un sentido teórico y amplio, calidad institucional está refiriendo a un conjunto de buenas reglas y buenas conductas, asimiladas por la media de los miembros de una sociedad, cuya aplicación real hacen posibles el balance de poderes, la resolución pacífica de los conflictos y el progreso social. En un sentido limitado al gobierno y la política significaría que existan controles constitucionales, legales y sociales independientes, efectivos y oportunos. Estos controles se manifiestan a través de los mecanismos de pesos y contrapesos, del trabajo de las entidades estatales especializadas en auditoría y fiscalización y de la acción de los medios de comunicación, de las organizaciones civiles y de los ciudadanos.

 

En esta cuestión, decimos las cosas como las vemos, sin circunloquios ni eufemismos: los argentinos no tenemos buenas instituciones. Y no tenemos buenas instituciones, principalmente, porque no existe una intensa y persistente demanda civil en ese sentido; y no la hay porque no alcanzamos a comprender como ellas pueden jugar a favor de nuestros mejores intereses; no alcanzamos a ver que las buenas instituciones son claves en lo que tiene que ver con la distribución del ingreso y con la eficacia y honestidad de la función pública; y que las malas instituciones son funcionales a grupos poderosos o de fuertes intereses particulares, ya que en ese contexto les es más fácil apropiarse de las rentas, obtener prebendas estatales o transferir al resto de la sociedad los costos de las crisis.

                                                  

La calidad institucional legitima el ejercicio del gobierno. El control es esencial al gobierno, pues un gobierno es legítimo si está efectivamente controlado. La calidad institucional no es alcanzable si el gobierno no tiene controles. El control es causa y consecuencia de la calidad institucional. Una evidencia de calidad institucional es que existan eficaces mecanismos de control del gobierno. A su vez, el funcionamiento efectivo de estos mecanismos contribuye a reforzar la calidad institucional.

 

Somos conscientes de que la tarea de control público no se encuentra actualmente entre los temas que concitan la preferencia del gran público. El interés por el trabajo de los organismos de control se reduce a un grupo selecto, integrado por políticos, estudiosos de las finanzas públicas, periodistas de investigación, organizaciones no gubernamentales que analizan el comportamiento del gobierno.

 

Los medios de comunicación pueden hacer un aporte importante, casi decisivo, en este sentido, dando un lugar destacado en sus publicaciones y emisiones de noticias a los informes de los organismos de control.