En distintas oportunidades, hemos reflexionado sobre los desafíos y oportunidades de la gestión pública, la modernización del Estado y la constante búsqueda de una mejor conexión con la ciudadanía para lograr una efectiva prestación de los bienes y servicios necesarios para el “buen vivir de los pueblos. 

Precisamente, en un mundo complejo, donde las dificultades de las instituciones públicas y sociales son enormes, resulta oportuno destacar las enriquecedoras experiencias, conferencias y aportes de las recientes VI Jornadas de Estado Abierto, en las que pudimos actualizarnos en la notable cantidad de innovaciones y aplicaciones de asistentes inteligentes y la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) que se están implementando en gobiernos locales y subnacionales en nuestro país y los de la región. Asistimos a una revolución que promete transformar la manera en que trabajamos, nos comunicamos y tomamos decisiones en la administración pública, y es imperativo abordarla con la seriedad que merece.

La llegada de la IAGen a la gestión pública exige un enfoque profundamente ético y responsable

La irrupción de la IA en el ámbito estatal se presenta, en principio, como una oportunidad mayúscula para aportar valor tangible y mejorar concretamente la vida de los ciudadanos, a partir del uso más eficiente de los recursos disponibles y la inmediatez en la provisión de bienes y servicios. Así, la promesa de optimizar procesos burocráticos que a menudo agobian; de personalizar servicios públicos para hacerlos más accesibles y relevantes; de detectar tempranamente problemas sociales complejos; o de fundamentar una planificación estratégica en datos robustos, con la posibilidad de procesarlos en tiempo récord y realizar análisis predictivos nos invita a contemplar un horizonte de mayor eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta estatal. 

Sin embargo, la llegada de la IAGen a la gestión pública, como toda transformación de gran impacto, exige un enfoque profundamente ético y responsable. Es fundamental ir más allá del entusiasmo inicial y analizar con detenimiento los efectos y resultados no esperados de incorporar estas poderosas herramientas.

Uno de los aspectos que emerge con fuerza, y que se debate con sorprendente tibieza en el ámbito público y privado, es el voraz apetito energético de la IA. ¿Cuántos recursos energéticos consume realmente esta revolución digital que tanto ponderamos? 

Algunos especialistas advierten sobre el uso de recursos de la IA de la siguiente forma: “Pensemos en los grandes modelos de lenguaje y las herramientas de IA generativa que hoy son de uso masivo. Una sola consulta o la generación de una imagen pueden parecer triviales en términos de consumo individual, pero el impacto agregado de miles de millones de interacciones diarias es, sencillamente, colosal”, dicen. Plataformas como ChatGPT procesan una cantidad asombrosa de mensajes al día, y se estima que solo ese volumen consume una cantidad de energía anual equivalente a la de miles de hogares.

Según estudios recientes, este consumo masivo generaría una presión significativa sobre la infraestructura eléctrica existente en nuestros países. En regiones con alta concentración de centros de datos, como ciertas zonas de EEUU, las empresas eléctricas ya reportan aumentos sustanciales en las solicitudes de suministro. Esto incluso puede derivar en incrementos en las tarifas eléctricas para los consumidores residenciales, configurando una posible externalización de los costos de esta revolución digital, donde la ciudadanía común termina subsidiando la infraestructura de los grandes centros tecnológicos. En este tema, el Estado tiene un rol fundamental, que es el de legislar y regular los servicios públicos esenciales para la vida.

Según estos informes, muchos de estos centros de datos operan en redes que dependen en gran medida de combustibles fósiles, lo que les confiere una huella de carbono significativamente más alta que el promedio. La pregunta ética y política fundamental que debemos plantearnos es: ¿Quién está financiando este auge energético de la IA y sus costos ambientales asociados? Lo más preocupante es la persistente falta de transparencia de estas corporaciones.

Mirando el vaso medio lleno con un enfoque constructivo, la IAGen ofrece herramientas fascinantes para potenciar los principios de Estado Abierto y Gobierno Abierto. Tiene el potencial de mejorar la transparencia, por ejemplo, generando automáticamente resúmenes claros y comprensibles de normativas complejas o informes de gestión para el ciudadano común, traduciendo y simplificando grandes cantidades de datos complejos para la comprensión ciudadana. Puede enriquecer la participación creando interfaces más intuitivas para la recepción de retroalimentación o diseñando mecanismos de consulta pública más dinámicos. 

Lo que necesitamos urgentemente es una gobernanza clara y robusta para la IA en el ámbito público, que no solo maximice sus beneficios potenciales, sino que también mitigue activamente sus riesgos y costos ambientales y sociales. Si no abordamos estos aspectos ahora, con la seriedad, la reflexión y la información pública que merecen, el precio a pagar en el futuro, tanto en términos de equidad social, inclusión ciudadana como de sostenibilidad ambiental será, sin duda, mucho mayor de lo que hoy podemos imaginar y de los beneficios que se nos presentan a simple vista.