La pesca es un sector de enorme relevancia a nivel mundial y local. Asegura la alimentación, la nutrición, el empleo y los ingresos para millones de personas, especialmente en aquellos países en vías de desarrollo. En Argentina, el sector pesquero es una fuente importante de divisas: más del 90% del producto pesquero se exporta y representa aproximadamente USD 2.000 millones al año, y genera más de 25.000 empleos de forma directa.

A pesar de la importancia que reviste para la economía argentina, es un sector que está por debajo del escrutinio público debido a múltiples causas, entre ellas la falta de información pública clara y accesible y la ausencia de espacios de participación de actores que no sean las empresas dedicadas a la actividad, los sindicatos, los gobiernos subnacionales con litoral marítimo y la autoridad nacional.

En los últimos años, el concepto de transparencia en el sector pesquero ha comenzado a tomar mayor relevancia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que la falta de transparencia puede ser un facilitador subyacente de todos los factores negativos del sector pesquero, como resultan ser la Pesca Ilegal No Declarada y No Reglamentada (INDNR), el exceso de capacidad de la flota, la sobrepesca, los subsidios mal dirigidos, la corrupción y las malas decisiones de gestión pesquera.

En nuestro país, el conocimiento sobre el sector pesquero y su gobernanza es insuficiente, como así también aquel relacionado con la sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos. Muestra de ello es lo sucedido en diciembre de 2024, cuando se renovó el régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura para cuatro especies comerciales por un período de 15 años. A pesar de tratarse de un bien público, cuya explotación afectará el desarrollo económico del sector en las próximas décadas, el reparto de las especies se llevó a cabo a puertas cerradas y con poca información, lo que impide a la sociedad conocer a los actores, entender el proceso de reparto y contar con las herramientas para evaluarlo.

El conocimiento sobre el sector pesquero y su gobernanza es insuficiente, como así también aquel relacionado con la sostenibilidad y aprovechamiento de los recursos

Son varios los países que están poniendo la lupa sobre el sector, impulsando la visibilidad de la gobernanza de la pesca a través de la publicidad de datos y de actos administrativos, así como también de información sobre las características y el desempeño de las embarcaciones que operan en aguas territoriales. Muchos países, además, cuentan con registros de pesca y/o embarcaciones con información sobre los permisos otorgados, sus tenedores y las especies explotadas.

La información vinculada a un buque pesquero es fundamental para evaluar si los operadores están actuando dentro del marco de la ley y de forma sostenible. Un registro en línea de buques pesqueros con información detallada permite conocer si una embarcación está autorizada a pescar en una determinada zona y en un determinado momento; si tiene permiso para pescar ciertas especies o si puede usar determinado tipo de arte de pesca; si cuenta con una cuota de pesca y no se ha excedido con esa capacidad; y, también, cuáles han sido sus antecedentes en las operaciones y si se debe conceder el derecho de acceso a un caladero.

La información vinculada a un buque pesquero es fundamental para evaluar si los operadores están actuando dentro del marco de la ley y de forma sostenible

Prácticamente todos los países de la región latinoamericana con importantes flotas pesqueras industriales tienen algún tipo de registros de pesca con listados publicados y actualizados, donde se puede acceder a datos de las compañías, los buques y las licencias y/o permisos. El caso de Argentina llama la atención porque, a pesar de contar con un registro establecido por la Ley Federal de Pesca (N° 24.922) de 1997 y recabar una cantidad de datos sobre las flotas y las empresas, su información no está publicada.

Recientemente, elaboramos un reporte titulado “Acceso a la información pública: antecedentes de registros de embarcaciones y permisos pesqueros, donde realizamos un indicador y un ranking de países de la región con flota industrial pesquera, que evalúa la accesibilidad y visibilidad a los datos de este tipo de embarcaciones. El documento releva y compara más de una docena de registros de países latinoamericanos y el estado de apertura de los datos pesqueros de cada país. Argentina aparece en el último lugar, con puntuación cero.

Mientras Perú, Chile, Brasil, Ecuador, Panamá, Uruguay y México ya cuentan con plataformas digitales que permiten a la ciudadanía consultar datos clave sobre la flota pesquera y los permisos otorgados, en Argentina esta información se encuentra completamente cerrada.

La opacidad en la gestión de la pesca limita el derecho a la información, impide el monitoreo ciudadano y debilita la sostenibilidad del sector. La falta de acceso a estos datos no solo vulnera principios de transparencia, sino que también pone en riesgo la competitividad internacional de nuestras exportaciones pesqueras, que cada vez enfrentan más exigencias ambientales y de trazabilidad.

Los recursos pesqueros son un bien común y la información pública clara y accesible a ese recurso es un derecho de todos los ciudadanos. En esa línea, la creación de un registro abierto de embarcaciones es un primer paso para transparentar la actividad, la toma de decisiones y el desempeño de las autoridades y del sector privado.