El jueves 7 de diciembre se realizó, en la ciudad de Buenos Aires, una reunión de seguimiento del Simposio sobre la protección de informantes, celebrado en Ginebra (Suiza) a fines de octubre pasado. La misma fue organizada por la Public Services International (ISP), la Unión Internacional de Trabajadores de Organismos de Control (UITOC) y la Red de Trabajadores de Impuestos, Control y Justicia (ICJ). En sintonía con el Día Internacional contra la Corrupción el 9 de diciembre, el objetivo fue garantizar que los trabajadores que denuncien irregularidades estén protegidos de represalias y sean recompensados.

Participaron de la jornada los representantes de las organizaciones afiliadas de la ISP de diferentes países como Uruguay, Chile, Brasil, representantes de América Latina y desde Argentina los gremios integrantes de la ICJ, la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC), la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP). Guillermo Imbrogno (AEFIP), Federico Recagno (APOC) y Julio Piumato (UEJN) fueron quienes abrieron la reunión. Estamos representando a casi toda América con contacto con Europa. En este mismo momento se están haciendo actividades paralelas en Colombia, España e Italia, destacó Sergio Hemsani, Responsable de Asuntos Internacionales de APOC.

El encuentro, que empezó por la mañana temprano y finalizó a media tarde, buscó trazar acciones y políticas para la lucha contra la corrupción y protección de los trabajadores encargados de auditar, controlar e informar sobre estas situaciones, quienes muchas veces son sometidos a presiones y abusos por parte de una avanzada del poder financiero internacional sobre el Estado. Durante este año aparecieron graves casos de acoso donde las mujeres se animaron a denunciar. En Argentina se están discutiendo leyes de protección para los funcionarios, entonces nos preguntamos ¿qué protección hay para nosotros?, enfatizó Federico Recagno, Secretario General Nacional de APOC.

Los trabajadores y las organizaciones gremiales son los elementos más activos para cambiar la sociedad y tenemos que estar como columna vertebral para ser protagonistas en el combate de estos flagelos que terminan dañando el cuerpo social. Es necesario idear acciones concretas, reflexionó Jorge Piumato, Secretario General de UEJN. Por su parte, Julio Rosales, Secretario de Relaciones Internacionales explicó la importancia que tiene la cumbre del G20 en Argentina el próximo año: La presidencia tiene amplias facultades para impulsar los temas que le interesan, ponerlos en la agenda y a veces discontinuar algunos que se venían abordando. Tenemos que hacer llegar la preocupación de los trabajadores del control a la cumbre del G20.

Entre las mesas de trabajo y debate, Carla Pitiot, diputada Nacional, presentó su proyecto de Ley sobre Violencia Laboral Objetiva de Argentina, que aún espera ser tratado en el Congreso Nacional. Este proyecto contempla todos los tipos de violencia que se pueden dar en el ámbito público y privado. Asimismo, brinda herramientas al trabajador para que pueda realizar la denuncia. Tenemos que crear un ámbito cómodo para que puedan tener la fortaleza de denunciar y que no corra riesgo su trabajo, porque es lo que sucede, enfatizó la diputada.

También se alertó sobre la situación actual de desprotección por parte de aquellos agentes estatales que deciden hacer su trabajo y combatir la ilegalidad, traducida en dificultades para obtener la información, presiones de los superiores, temor por desempeñar correctamente las funciones y persecuciones.

Al finalizar se acordó la Declaración de Buenos Aires donde los participantes debatieron sobre las conclusiones del Simposio, discutieron sobre un plan de acción y la creación de un Grupo de Trabajo de los Informantes de la ISP para coordinar la implementación de las decisiones adoptadas en la reunión. Además, se acordó promover una Alianza Internacional con otras organizaciones sindicales afines, organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y otros actores, y adoptaron una declaración de objetivos e intenciones. Finalmente, se comprometieron a coordinar acciones para la lucha contra la corrupción y protección de los derechos laborales, conseguir la sanción de una norma internacional de la OIT sobre el tema y convocar a las organizaciones internacionales de cara a la reunión del G-20.

Antecedentes

La ISP empezó su lucha contra la corrupción en su Congreso Mundial de noviembre de 2012. Actualmente, la lucha contra la corrupción ocupa un lugar preponderante en el nuevo Programa de Acción para el periodo 2018-2022, adoptado en el 30º Congreso Mundial de la ISP, celebrado en Ginebra, del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2017, que explícitamente se compromete a continuar actuando para proteger a los trabajadores que luchan contra la corrupción en la administración pública de la violencia laboral objetiva, especialmente los trabajadores de órganos estatales de control, justicia, impuestos e inspección, para garantizar condiciones de trabajo dignas.

El Simposio sobre la Protección de los Informantes, celebrado en Ginebra en Octubre y el informe Jaque Mate a la corrupción: Argumentos a favor de una amplia protección de los informantes, publicado en 2016, informan sobre este tema complejo, resaltando el doble rol de los sindicatos en asistir a los informantes y en participar activamente en la creación, desarrollo y adopción de marcos de protección.