Discriminación respecto al acceso a la justicia, falta de relevamiento territorial y migraciones internas. Este es el escenario que enfrentan, actualmente, los pueblos originarios en Argentina.

Más de veinte organizaciones sociales y representantes de diversas comunidades participaron la semana pasada del taller de trabajo sobre las problemáticas de los pueblos originarios. El encuentro, que organizó el área de participación ciudadana de la Auditoria General de la Nación (AGN), se llevó a cabo en la flamante sede del organismo de control.

La Auditoria abre las puertas para que las organizaciones de la sociedad civil brinden todo su experiencia. Si bien tenemos técnicos especializados que se encargan de investigar previamente, reunirnos con las ONG nos permite salir al campo con un conocimiento previo, sostuvo en diálogo con Gestionpublica.info, Andrea Salgueiro, encargada del área de organización de Planificación Participativa de la AGN.

En el trascurso de este año, la AGN prevé iniciar una nueva auditoría en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El organismo de control aprobó un informe sobre esta dependencia en 2012 en el que realizó diversas observaciones sobre la gestión y la atención de las comunidades indígenas. El documento advertía, entre otras cosas, la sub-ejecución presupuestaria y la falta de voluntad política para generar la inclusión social de los pueblos originarios.

Para el presidente honorario de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Aldo Ertchegoyen, la responsabilidad directa que tiene la AGN es discernir la verdad y ponerla en documentos. En referencia a la auditoría realizada sobre la gestión del INAI, Ertchegoyen consideró que es un documento claro que señala el trabajo mal hecho y el manejo de fondos completamente cuestionable. 

Además, el integrante de la APDH, calificó al informe del organismo de control como una gran ayuda para toda la gente que trabaja a favor de los derechos indígenas.

Durante el encuentro, los presentes debatieron sobre la gestión institucional del INAI, las personerías jurídicas, la falta de participación efectiva de las comunidades indígenas y los problemas de acceso a la tierra.

Sobre este último punto, la abogada de la APDH, Paula Alvarado, detalló que la problemática territorial trae aparejado trabas en la salud, educación, trabajo, planes sociales. Todo un conjunto de derechos que se ven vulnerados, completó.

Por último,  Nilo Cayuqueo, representante de la comunidad mapuche Los Toldos de la provincia de Buenos Aires, mostró su preocupación en torno a la gestión del INAI ya que, según él, es un organismo que se dedica a hacer política más que a ponerse a trabajar por los pueblos indígenas.

La AGN puede cumplir un papel importante para hacer que los organismos del Estado que tienen compromisos serios  sean responsables, concluyó Cayuqueo.