A raíz de lo ocurrido el 2 de abril pasado, cuando más de 16 millones de usuarios de la empresa Movistar se quedaron sin servicio, Gestionpublica.info dialogó con Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADUC), quien afirmó: En el caso de telefonía celular, no hay una Ley concreta de regulación, sino decretos sueltos. La telefonía móvil no es un servicio público, y al no estar regulada como la telefonía fija, el usuario no tiene la protección que debería tener.

En sintonía, un informe aprobado en el año 2011 por la Auditoria General de la Nación (cuyo periodo de análisis fue desde enero de 2006 hasta septiembre de 2007), y retomado con posterioridad por el portal de noticias Elauditor.info, expresa que la normativa de la CNC presenta un gran desfase en relación a los avances tecnológicos vinculados con el servicio de celulares.

Desde la CNC informaron a este medio que el decreto 1185/90 es el que da un marco al control, y luego hay diversas resoluciones administrativas del Estado en esta materia. Además, comentaron que habría que consultarle al Congreso Nacional por qué aun no se cuenta con una Ley que regule la fiscalización de la telefonía móvil. 

Entre multas y resarcimientos.

Al día siguiente del apagón, que dejó sin servicio a los usuarios de Movistar, la compañía del Grupo Telefónica ofreció como resarcimiento la bonificación de un día completo del abono mensual y la extensión de la vigencia de las recargas. Además, permitió que todos los clientes envíen mensajes de texto sin cargo durante los cuatro días del feriado de Semana Santa.

Según Bassano, esta medida intenta tapar el cielo con un harnero. No alcanza por los daños que ha causado, ni soluciona los graves problemas que tienen los usuarios. No nos olvidemos que Movistar es una empresa que está siendo utilizada por Telefónica para cubrir los servicios que está abandonando. Ese lunes se dejó barrios completamente incomunicados, denunció el presidente de ADUC.

Por su parte, el dirigente radical Marcelo Montero comentó a gestionpublica.info que todavía el monto de la multa no se ha dado a conocer porque están estudiando los distintos mecanismos que se llevaron a cabo. Además, recordó cuando se le aplicaron multas a las compañías Edesur, Edenor y Edelap (por los cortes de luz registrados entre el 20 y 31 de diciembre de 2010) y aseguró que es posible que se apliquen las mismas medidas. Por aquel entonces, las tres empresas de energía eléctrica debieron pagar como multa $6.347.412,61.

Por último, el presidente de ADUC criticó: Cuando se privatizaron los servicios públicos no se le puso mucho énfasis a los entes de fiscalización. Hoy se trabaja con la legislación imperante, y no existe un control durante o anterior. Esto al usuario mucho no le sirve, o por lo menos le sirve después de ocasionado el siniestro. En resumen, primero se prioriza a las empresas y no al usuario, y lamentablemente las empresas no existirían sino existe el usuario.