La perspectiva de seguir sumando bancas en las cámaras, a diferencia de lo ocurrido en las últimas elecciones, no aparece en ninguno de los análisis políticos en lo que se trata de proyectar el escenario post electoral, que se presume más ajustado, sobre todo si al problema de la inflación se le suma la instalación que tuvo en los medios opositores el conjunto de denuncias sobre corrupción que pesan sobre algunos funcionarios y allegados al poder, como puede ser el empresario kirchnerista Lázaro Báez, y que, por supuesto, la Justicia tendrá que investigar.

Para paliar el primer punto, se logró en los últimos días la extensión del acuerdo de precios firmado a principios de año; aunque esta vez alcanzará a unos 500 productos de la canasta básica y serán las grandes cadenas de supermercados las encargadas de sostener el nuevo acuerdo en las góndolas. Mientras que las agrupaciones sociales y barriales, las asociaciones civiles, de consumidores, las entidades de jubilados y religiosas, serán las encargadas de controlar su cumplimiento, enmarcados todos estos actores en la campaña Mirar para Cuidar que presentó la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner la semana pasada durante un acto que tuvo lugar en la Secretaría de Comercio Interior.

El objetivo de esta peculiar campaña es garantizar que la mayoría de los comerciantes respeten lo pactado con los productores de alimentos y otros productos de consumo básicos, para que los acuerdos paritarios de los trabajadores con las distintas cámaras empresariales no se vean licuados por el proceso inflacionario.

Cuán válida es esta herramienta para desacelerar la inflación no es algo que se pueda determinar ahora con claridad. Incluso en los primeros días de vigencia, se observaron faltantes de algunos de los productos en cuestión, aunque los supermercados prometieron solucionar el desabastecimiento.

En principio, sí se puede afirmar que luego del vencimiento del acuerdo suscrito en febrero los precios no se dispararon como lo habían previsto algunos economistas y analistas agoreros de cierto peso mediático, quienes condenaban la iniciativa al rotundo fracaso. Pero la profecía no se cumplió y, al contrario, logró extenderse en esta nueva modalidad, al menos hasta octubre. De los 500 productos seleccionados, la mitad son alimentos e incluyen algunas primeras marcas; 50 son bebidas, 20 infusiones; 130 son artículos de tocador y otros 50 corresponden a artículos de limpieza. En algunos productos la diversidad es importante, en otros, en cambio, apenas perceptible. Aunque lo importante es que estos productos, a partir del acuerdo alcanzado entre Comercio Interior y un puñado de empresas nacionales y multinacionales, que acompañan la iniciativa con diferentes compromisos, algunas con una oferta amplia y generosa, otras con una oferta más acotada, seguirán ofreciéndose a valores de febrero pasado y durante los próximos cuatro meses, hasta finales de octubre. Distintos especialistas, señalan que estos 500 productos, cuyo listado se puede conocer a través de internet en www.preciosensusitio.gov.ar, componen cerca del 60 por ciento de los productos de la canasta básica.

Ahora bien, se sabe que el congelamiento de precios es una herramienta de política económica cortoplacista. Su objetivo es más bien inmediato y apunta, más que nada, a frenar el vacío que provoca en los bolsillos de los trabajadores el aumento desmedido de los precios. Pero, además, tiene otro efecto positivo, ya que indirectamente contribuye a la desaceleración de la inercia inflacionaria y, de esta manera, aporta su granito de arena en la pelea por evitar una devaluación, que obviamente favorecería a los grupos concentrados y de ninguna manera a los trabajadores.

Si se juzga la incidencia que tuvo acuerdo de precios de febrero en la discusión paritaria de este año, el congelamiento contribuyó  también para serenar las discusiones y para encajar los acuerdos en el orden del 24 por ciento, al menos en la mayoría de los gremios que ya cerraron sus negociaciones colectivas. Las mejoras por encima del 24 por ciento, se dieron a través de la reducción de cuotas para el cobro de los aumentos, e incluso anexándole algunas sumas fijas no remunerativas. 

Cierto es que todavía hay cámaras que buscan fijar acuerdos por debajo del 24 por ciento, como sucede por ejemplo en el gremio de prensa donde la oferta de las patronales luego de dos meses de reuniones alcanzó recién el 22 por ciento. Difícil que algún gremio cierre por debajo del número avalado por el Gobierno, que no es otro que el cualquier negociador avezado podía prever a comienzos del año frente a la expectativa generalizada de los trabajadores que realizaron pedidos -obviamente negociables- de alrededor del 30 por ciento.

Ahora bien, para el punto crítico de las denuncias sobre corrupción que la Justicia deberá investigar a fondo, la estrategia elegida por el Gobierno no parece ser otra que la demostración de apoyo popular masivo que se manifestó en gran medida el último 25 de mayo en la Plaza, a propósito de la fecha patria y del festejo por los diez años del kirchnerismo en el poder. La convocatoria popular es un recurso histórico del peronismo y más que válido en estos días en los que tanto oficialistas como opositores comienzan a delinear sus posibles alianzas y estrategias electorales. El Gobierno mostró en la pasada movilización algo de su fortaleza que, aunque no puede medirse en votos concretos -lo que sería un disparate estadístico-, no resulta ser un dato menor y. mucho menos, los políticos no deberían soslayarlo de cara a las primarias del 11 de agosto. En esas elecciones se votará entre los precandidatos presentados por los distintos partidos políticos y alianzas para definir quiénes serán finalmente los candidatos en las elecciones nacionales del próximo 27 de octubre, en la que se elegirán senadores y diputados nacionales y los integrantes del flamante Consejo de la Magistratura. La cuestión se reduce a cuántas de esas bancas podrá conservar el Frente Para la Victoria y cuántas podrán ganarle los partidos o frentes opositores. Recién en ese conteo se podrá determinar la magnitud real del apoyo popular con que cuenta el Proyecto Nacional que encabeza la presidenta o, en caso de una hipotética derrota, la exacta dimensión del desgaste luego de una década ininterrumpida de gestión.

*Sociólogo y periodista.