Durante 11 años, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Tierra del Fuego ejerció el control posterior, de legalidad y financiero, de los actos administrativos sobre inversión de fondos, percepción de caudales públicos u operaciones financiero-patrimoniales del Estado provincial, solamente en los actos que previamente hayan sido intervenidos u observados. Ahora, y gracias al dictamen favorable de la Comisión de Legislación General del Parlamento, ese condicionante quedó sin efecto. 

De este modo, el accionar del organismo de control volverá a ser similar a como funcionó desde diciembre de 1992 hasta noviembre de 2000.

Gestionpublica.info dialogó con Luís Gomez, Secretario Gremial de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) de Tierra del Fuego, quién detalló: Este proyecto se originó por una cuestión netamente política. Fue impulsado por la Ley Nº 495 de Administración Financiera. Esta nueva normativa repercutió en la forma de trabajo del Tribunal y más aún en su organización interna; hubo una movida bastante grande, se contrató nuevos empleados y hubo que pasar de revisores a auditores a varios agentes, describió Gomez.

Por otro lado, recordó que durante el tiempo que estuvo vigente la limitación del control para el Tribunal de Cuentas, el organismo analizaba la mayor documentación posible porque los expedientes que no entraban a intervención previa, después ya no se los podía controlar. 

Por último, el Secretario Gremial de APOC afirmó que el nuevo modo de control ya se lleva a cabo y que hasta ahora el balance es positivo.