Según el líder de Cambiemos la política latinoamericanista y vagamente tercermundista del kirchnerismo es anacrónica y ha arrojado a la Argentina en brazos de los gobiernos populistas de Venezuela, Bolivia y Ecuador, o de regímenes corruptos en África. Uno de los componentes de esta radical reorientación es la adhesión de la Argentina a diversos esquemas de integración auspiciados por la Casa Blanca como la Alianza del Pacífico y el Tratado Trans Pacífico (TTP), así como la redefinición en clave neoliberal del Mercosur a través de un tratado de asociación con la Unión Europea. No sería de extrañar que Macri también inicie negociaciones para firmar un TLC con Estados Unidos y, eventualmente, para facilitar la instalación de una base militar de aquel país en territorio argentino.

Pero, ¿qué es el TTP? Es un tratado que en años recientes ha sido impulsado por la Casa Blanca y cuya acta de nacimiento fuera firmada en Atlanta, Estados Unidos, el 5 de Octubre pasado. Es el tratado económico más grande de todos los conocidos: integra a un grupo de naciones que representan algo más del 40 del PIB y aproximadamente el 10 % de la población mundial. Forman parte del TTP Estados Unidos, México, Canadá, Australia, Malasia, Japón, Singapur, Vietnam, Nueva Zelanda, Brunei Chile y Perú. No deja de ser sorprendente la ausencia de China en este acuerdo, así como también la de Rusia y otras importantes economías del Asia Pacífico, como Corea del Sur, Indonesia y Filipinas. No hace falta ser un experto en geopolítica para concluir que un TTP que excluya a la segunda mayor economía del mundo, y destinada a ser la primera en pocos años más, es un acuerdo contra ese país, una alianza concebida precisamente para aislar a China y recortar su gravitación en el campo internacional.

Suele decirse que el TTP es un acuerdo de libre comercio, concebido para eliminar las barreras comerciales pero en realidad es otra cosa. Tal como lo advierten el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y Adam Hersh, el TTP  es un acuerdo para administrar las relaciones comerciales y de inversión… (todo esto) en contra del libre comercio. Tal como ha sido señalado por otro estudioso del tema sólo cinco de los 30 capítulos del TTP están relacionados con las tarifas. No es casual que los principales se refieran a inversiones, servicios financieros, telecomunicaciones, comercio electrónico, política de competencia, empresas estatales, propiedad intelectual, medio ambiente, derechos de los trabajadores, coherencia regulatoria, desarrollo, transparencia y anticorrupción y mecanismo de solución de controversias. Cuestiones particularmente sensibles en la negociación son aquellas relacionadas con la propiedad intelectual (a nuestro juicio, uno de los dos temas esenciales), y las relativas al derecho laboral, la protección del medio ambiente y la también crucial temática de la solución de los diferendos y conflictos entre los estados y las corporaciones, tema sobre el cual las disposiciones del TTP arrojan por la borda cualquier noción de soberanía nacional.

Al igual que un engendro semejante, el felizmente frustrado Acuerdo Multilateral de Inversiones, el TTP es un tratado que se negocia en el más estricto secreto, como también lo es el TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ambos son, por definición, iniciativas profundamente antidemocráticas dado que excluyen por completo el examen y la discusión pública de sus contenidos. Una prueba más de la complicidad de la mal llamada prensa libre con los más mezquinos intereses corporativos la ofrece su escandaloso silencio ante una iniciativa de estas características, que evoca la omertá de los códigos de la mafia. Las discusiones y negociaciones en torno al tratado han  estado herméticamente blindadas, selladas en un nivel de secreto sin precedentes. Por ejemplo, los miembros del congreso de Estados Unidos sólo pudieron tener acceso a porciones selectas de documentos relacionados al tratado y sólo pueden ser leídas bajo estricta supervisión. Según Wikileaks, solo tres individuos de cada país tienen acceso al texto completo del acuerdo, pero a unos seiscientos lobistas que promueven y protegen los intereses de gigantescas corporaciones estadounidenses como Chevron, Halliburton, Monsanto y Walmart se les concedió acceso privilegiado a secciones cruciales del texto del tratado. Los representantes de la ciudadanía en el Congreso no tienen esos privilegios; los del capital sí. Huelgan los comentarios sobre lo que puede esperarse de un acuerdo que se elabora según estos criterios.

En Noviembre del 2013, Wikileaks dio a conocer un borrador completo del capítulo de Propiedad Intelectual del tratado, crucial, como decíamos más arriba, por sus implicaciones sobre la producción de medicamentos, servicios de internet, patentes en el campo de la biotecnología y sobre las libertades civiles. A lo largo de 95 páginas y 30,000 palabras se establecen disposiciones para instituir un régimen internacional de gran alcance legal y de cumplimiento obligatorio, modificando o reemplazando disposiciones constitucionales, estatutos o leyes vigentes en los estados signatarios del TTP. En otras palabras, se instituye un ordenamiento legal que neutraliza por completo la soberanía de los estados miembros con el consiguiente debilitamiento de los procesos democráticos, que se verán expropiados de su capacidad para regular el funcionamiento de los mercados. Los ítems específicos del citado capítulo incluyen acuerdos relacionados con las patentes (vgr. quién puede producir bienes o medicamentos), derechos de autor (quién puede transmitir información), registros de marca (quién puede describir información o bienes como auténticos) y diseño industrial.[1] Como consecuencia de estas disposiciones las compañías farmacéuticas podrían prolongar prácticamente y algunas veces casi indefinidamente sus monopolios de medicamentos patentados, así como mantener fuera del mercado a medicamentos genéricos más baratos y bloquear, durante muchos años, la introducción de nuevos medicamentos, en especial los genéricos.

Dado que el objetivo final del TTP o iniciativas similares (entre las cuales la Alianza del Pacífico) es instaurar un orden neoliberal global no es casual que la sección más extensa de dicho capítulo esté dedicada al cumplimiento de las obligaciones contraídas en el marco del TTP. Como en el caso del ALCA, las obligaciones son casi todas de los estados, mientras que los derechos son casi todos de las corporaciones. Allí se estipulan nuevas medidas de vigilancia y control, con lesivas consecuencias de gran alcance para el disfrute de los derechos individuales, las libertades civiles, los editores, los proveedores de servicios de internet y la privacidad en la red, así como para el patrimonio común creativo, intelectual, biológico y ambiental. Entre las regulaciones más draconianas se encuentran aquellas que incluyen tribunales de litigio supranacionales como los del funesto CIADI del Banco Mundial- que tendrán precedencia en relación a los tribunales nacionales. Estos organismos podrán realizar audiencias secretas y considerar evidencias igualmente secretas. No es casual, entonces, que en ese marco altamente protector de las corporaciones no exista salvaguardia alguna en materia de derechos humanos. Es obvio que el tema no interesa a los promotores del TTP. Tiene razón Julián Assange, Editor en Jefe de Wikileaks cuando observa que de ser instituido, el régimen de Propiedad Intelectual del TTP pisotearía los derechos individuales y la libre expresión y trataría como un trapo al patrimonio común intelectual y creativo. Si usted lee, escribe, publica, piensa, escucha, baila, canta o inventa; si usted cultiva o consume comida; si se encuentra enfermo o se pudiera encontrar algún día enfermo, el TTP lo tiene en su mira.

En suma, el TTP es el embrión de un ALCA global, que debe ser derrotado tal como sucediera con este último en Mar del Plata en 2005. Significa el reinado de un neoliberalismo global que arruinará a las economías de la periferia y sumirá a sus pueblos en la pobreza, imponiendo la dictadura de las megacorporaciones y vaciando de todo contenido a los procesos democráticos al fundar un orden jurídico supranacional al margen de cualquier grado de control popular y concebido para exclusivo beneficio de las transnacionales. Un mundo sin ciudadanos, sin derechos laborales y desinteresado por la salvaguardia del medio ambiente y los derechos humanos, en donde sólo cuentan las ganancias del capital.