Los Ministerios de Salud y de Agricultura de la Nación crearon en conjunto la Comisión Nacional para el Control de la Resistencia Antimicrobiana con el fin de garantizar el uso responsable de los medicamentos. GestionPublica.info se comunicó con el médico Juan José Borsari para conocer su opinión sobre esta medida y, a su vez, sobre el uso desmedido de los remedios y las consecuencias de la auto medicación.

Según el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollan, el problema a resolver es el veloz desarrollo de la resistencia antimicrobiana, a partir del uso masivo e irresponsable de los antibióticos. Por ese motivo, la nueva Comisión procurará retrasar o impedir la emergencia y diseminación de bacterias resistentes a través del fortalecimiento de la vigilancia clínica, microbiológica y farmacéutica, la regulación y fiscalización de la comercialización de antimicrobianos, la promoción del consumo racional y prudente y la detección precoz y el control de las infecciones en hospitales y establecimientos agropecuarios, explicó Gollam.

Consultado por este medio, el Doctor Juan José Borsari aseguró que todos los médicos asistenciales tenemos que celebrar esta buena medida, debemos procurar que desde la cabeza de la organización de la salud se empiece a tratar la preocupación a nivel mundial que hay sobre la resistencia bacteriana.

Borsari explicó que el comienzo de la era antibiótica marcó una bisagra en la historia de la salud mundial ya que antes la gente se moría por enfermedades simples. Los antibióticos se utilizan, cada vez más, de una forma más exagerada. Por distintos motivos, a veces se empieza antes un tratamiento y también el mismo paciente, como tiene acceso a los remedios, compra sin recetas, sentenció el doctor.

Cauteloso por la reacción del mercado, el Doctor insistió en que si producimos menos nos metemos en un tema económico. Todo nuevo medicamento es más caro y uno no está en contra del progreso pero si tenemos que innovar porque mal utilizaste lo creado, ahí está el problema que hay que terminar.

Son muy pocos los países en el mundo que se están ocupando de esto y que Argentina se ponga a la vanguardia de algo tan serio me parece fantástico, concluyó Borsari.

ANMAT

La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) auditó en el año 2009 a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y detectó, entre otras cosas, que la base de datos de los productos inscriptos estaba incompleta. Hoy en día, según el Doctor Juan José Borsari, no hay medicamentos que se comercialicen sin el control y la regulación de dicha institución.

El Doctor explicó que todo medicamento nuevo tiene que estar aprobado por un control riguroso de ANMAT antes de salir al mercado. En general, la Administración da números de autorización y las penalizaciones son altísimas.

Además de esto, el médico consultado por este medio aseguró que todos los pasos que realiza un medicamento desde el laboratorio a la droguería, de allí al distribuidor y luego a la farmacia están controlados para evitar la venta de medicamentos truchos.

Ley de Producción Pública de medicamentos

En 2011, este medio investigó también sobre la norma que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos, sancionada por el Congreso de la Nación a fines de junio de aquel año y que se encontraba en el Ministerio de Salud en etapa de reglamentación.

El principal objetivo de la ley 26.688 es promover la accesibilidad de medicamentos, vacunas y productos médicos, además de propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública.

A pesar de que algunos especialistas y políticos afirmaban que la reglamentación iba a estar dada para fines de Octubre de 2011, la misma se dio recién en Julio del año pasado por decreto el cual declara que "la investigación y producción de medicamentos se orientará prioritariamente a la generación de medicamentos esenciales, conforme a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".  En sus considerandos también subraya que se trata de "un bien de carácter social que contribuye, indudablemente, a la mejora general de la salud del pueblo de la Nación.

La iniciativa, además, indica que "deberán establecerse mecanismos de articulación con los sectores científico-tecnológico y académico a efectos de consolidar e incentivar la investigación, docencia y la capacitación y formación" de recursos humanos "para la innovación, sea esta primaria o secundaria, internacional o local, original o incremental, de producto o de procesos". En este sentido, dice que "podrá invitarse a participar a los laboratorios e instituciones de investigación dependientes de la Administracion Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS), de la ANMAT, de los institutos nacionales de Tecnologia Tndustrial (INTI) y del de Tecnologia Agropecuaria (INTA), así como de universidades, organismos científico-tecnológicos provinciales.

El caso de EEUU

En el año 2009, la Auditoria Norteamericana (GAO) realizó un informe sobre el organismo encargado de asegurar el bienestar de los ciudadanos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). A través de este trabajo se descubrió que la supervisión de los productos médicos estaba en un estado de alto riesgo, generando una serie de dificultades que ponen en peligro su capacidad para proteger la salud pública.

La GAO señaló que la capacidad de la FDA para responder a la escasez de medicamentos se ve limitada por complicaciones de gestión. El ente no solo que no realiza un monitoreo sistemático sobre la carencia de remedios, sino que tampoco posee un conjunto de métricas de desempeño que se orienten a los resultados.

El organismo de control además aseguró que los procedimientos para supervisar las retiradas de los dispositivos médicos son poco claros. Si estos productos son defectuosos o inseguros, las consecuencias pueden ser graves, resultando en lesiones o muerte de los pacientes y la FDA no estableció criterios para evaluar si las empresas deben rectificar o suspender los dispositivos retirados del mercado, concluyó la GAO en su informe.