En el mes de marzo, los legisladores porteños de la Coalición Cívica ARI, Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro, presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un paquete de leyes para impulsar la transparencia política e institucional. Según trascendió, se incluyen normas tendientes a fortalecer las instituciones, garantizar la autonomía de la Ciudad y cumplir con los mandatos de la Constitución porteña en cuestiones relativas a la transparencia pública y principios republicanos de gobierno.

Uno de los proyectos busca crear la Fiscalía de Investigaciones Administrativa para generar mayor transparencia en la gestión a través de la investigación de los delitos en la administración pública, promoviendo la investigación de la conducta administrativa de los agentes, funcionarios y personal contratado, detalla el articulado.

Además, se propone una modificación de la Ley de Ética Pública con el objetivo de ampliar el alcance hacia aquellos agentes públicos que están obligados a presentar declaraciones juradas, la publicación en la página web del Gobierno de la Ciudad de los nombres de los funcionarios incumplientes y el establecimiento de penalidades.

También figura un proyecto para dotar a la Auditoría porteña de mejores herramientas para el cumplimiento de sus funciones en aquellos casos que ante el requerimiento de colaboración se encuentre con una negativa, tardanza u obstaculización del organismo.

En la última semana, el Legislador Ferraro presentó además un proyecto de Ley para que los funcionarios de la Ciudad, cuando asuman sus cargos, constituyan de manera obligatoria un fideicomiso ciego, en caso de poseer un patrimonio superior a dos millones de dólares.

En una entrevista exclusiva con este medio, Ferraro brindó detalles sobre las últimas iniciativas presentadas:

¿De qué se trata y cómo surgió el proyecto de ley de fideicomiso ciego?

El proyecto de ley (2069-D-2016) es para que los funcionarios de la Ciudad cuando asumen sus cargos constituyan de manera obligatoria un fideicomiso ciego, en caso de poseer un patrimonio superior a 2 millones de dólares. De esta forma, el funcionario pondría en un fideicomiso al menos el 80% de los bienes que comprenden su patrimonio total, para evitar posibles abusos, choque de intereses o aprovechamientos de su situación ventajosa mientras dure el cumplimiento de sus funciones. Una de las principales prohibiciones del fideicomiso es invertir en empresas públicas o en negocios que efectúen una parte sustancial de su actividad con el Estado.

¿Qué funcionarios entrarían dentro de esta ley?

Estarían contemplados los funcionarios de mayor jerarquía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a su vez sean titulares de un activo o interés financiero de relevancia económica. Quedan comprendidos: el Jefe y Vice-Jefe de Gobierno; los Ministros y titulares de los entes descentralizados, los diputados de la Ciudad; los miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Magistratura, el Síndico General y el Procurador General; los Directores del Banco de la Ciudad de Buenos Aires; las personas que integren los organismos de control, con categoría no inferior a la de Director General y el jefe de la Policía Metropolitana.

¿Qué antecedentes tuvieron en cuenta a la hora de realizar la normativa?

El presente proyecto toma como antecedentes los expedientes 5203-D-2009, 0533-D-2012 y 1250-D-2014 presentado en la Congreso Nacional por los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernando Sánchez.

En el mes de Marzo presentó un paquete de leyes de transparencia política, ¿cuál es el estado actual? ¿Cree que va a ser aprobado?

Estamos participando en todas las instancias de discusión que hacen a la reforma política, entre ellas en el espacio Dialogando organizado por el Ejecutivo de la Ciudad. Asimismo, planteamos sistemáticamente la necesidad de avanzar en el tratamiento de todos los proyectos en el ámbito que corresponde que es en la legislatura porteña.

Es esencial que la Ciudad dicte su propio código electoral a fin de organizar sus procesos electorales asegurando la transparencia, regulando el financiamiento de los partidos políticos, organizando el debate obligatorio y los procesos de transición republicana, en definitiva, construyendo un derecho público electoral consolidado, sin embargo hasta la fecha no ha habido avances al respecto en la Comisión de Constitucionales.

Esperamos que finalmente a partir del mes de agosto comiencen a discutirse algunos de los proyectos y avanzar en los objetivos que se viene planteando desde hace 20 años en la Constitución de la Ciudad.

¿Por qué son necesarias tantas leyes de transparencia en la ciudad y a nivel nacional?

Para la Coalición Cívica la transparencia, el control de la gestión y los principios republicanos de gobierno constituyen una política de estado que debe aplicarse tanto en el orden nacional como en la ciudad porque son los mecanismos que permiten, finalmente, controlar que los recursos de los ciudadanos lleguen al lugar para el que fueron destinados y que los funcionarios respondan por sus actos en tiempo oportuno.

Si queremos constituir una democracia moderna el objetivo es alcanzar leyes que apunten a fortalecer las instituciones, garantizar la autonomía de la ciudad y cumplir con los mandatos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.