La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Observatorio de Humedales del Delta presentaron una Propuesta de remediación ambiental de los arroyos anguilas y paloma por el impacto ambiental negativo producido por los emprendimientos Colony Park y Parque de la Isla. La iniciativa busca remediar la destrucción de los humedales de la zona como consecuencia de la creación de estos inmuebles.

Todo comenzó en el año 2008 cuando se aprobó la construcción de los emprendimientos inmobiliarios ubicados en el Delta del Tigre, en la primera sección de islas de los humedales del Delta del Paraná. Dos años después, el Juzgado Federal 1 de San Isidro dictó la clausura preventiva de las obras.

En esa instancia, también se resolvió el procesamiento de los empresarios involucrados y de ex funcionarios del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y de la Municipalidad de Tigre, por considerarlos autores del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Ahora, distintas organizaciones constataron que aquellas obras generaron daños ambientales en la zona provocados por los desmontes, el desvío de los cursos de agua, la pérdida de flora y fauna de la zona, además de que la población isleña fue expulsada.

El escrito presentado a principios de este mes se refiere a las autoridades máximas ambientales del país y al Presidente de la Nación con el objetivo de presentarle una propuesta preliminar de Plan de Remediación a partir del establecimiento de tres pautas mínimas necesarias para remediar los daños al ambiente isleño y al patrimonio natural y cultural de los arroyos Anguilas y Paloma.

Como parte de esta estrategia del plan de remediación proponemos que se contemplen los ciclos naturales y únicamente se permitan los usos sociales sustentables asociados a los modos de vida originarios y tradicionales isleños, como lo establece el Plan de Manejo de Islas del Delta de Tigre, solicita el documento.

Las organizaciones explicaron que dada la complejidad de los daños ocasionados y la situación de vulnerabilidad extrema de las familias isleñas, en cumplimiento de la Ley Nacional General del Ambiente (citada anteriormente), elevamos esta propuesta preliminar para ejecutar el plan de remediación que las empresas deben financiar.

El límite judicial aplicable a las empresas no sólo sentaría un precedente nacional en materia de derecho ambiental sino que sentaría las bases para detener un proceso de destrucción de humedales y multiplicación de impactos ambientales dañinos a escala regional, argumentaron y agregaron que en este sentido, el presente plan también puede constituir un precedente de buenas prácticas para la remediación de humedales, fundadas en conocimiento científico de máxima rigurosidad.

Concluyendo, las organizaciones proponen mantener un criterio de mínima intervención, a fin de permitir el lento restablecimiento de la dinámica natural. Las acciones de remediación de gran escala, que involucren grandes movimientos de materia y energía son desaconsejadas, pueden ocasionar disturbios iguales o mayores a los ocasionados por las empresas, señalaron.

Es conveniente respetar los tiempos y dinámicas naturales de este tipo de humedales fluviales, que presentan frecuencias e intensidades de inundación con variaciones diarias, estacionales, anuales y otros ciclos del orden de décadas o cientos de años que deben contemplarse en función de las generaciones humanas futuras, finalizaron.