Finalmente, comenzaron las auditorías a la Justicia en lo Criminal y Correccional Federal. Fue gracias a un pedido formulado desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en el mes de abril donde le exigieron al Consejo de la Magistratura que cumpla con sus tareas y funciones. La semana pasada, se sumaron al pedido otras 30 organizaciones de la sociedad civil.

Hace 4 meses le pedimos al Consejo de la Magistratura que realice la auditoria de la Justicia Criminal y Correccional Federal para corroborar las razones por las cuales, según distintos estudios, el promedio de duración de los juicios contra la administración pública es de diez años. Es una preocupación de toda la comunidad jurídica ya que las demoras y los delitos son relevantes para la vida pública del país, expresó Fernando Frávega, Director Ejecutivo del Colegio en comunicación con Gestionpublica.info.

Auditar a la Justicia Federal es una función específica del Consejo de la Magistratura que no se estaba llevando a cabo. Queremos saber las razones por las cuales no se estaban haciendo las auditorias correspondientes, exclamó Frávega. En 2010, el Consejo hasta llegó a negar un pedido de auditoria y este año fue la propia Corte Suprema de Justicia la que le recuerda esta facultad que tiene pendiente de ejecución, remarcó.

En cuanto a la reacción de la comunidad jurídica por la noticia, Frávega aseveró que fue excepcionalmente buena, incluso la reacción del Consejo fue destacable ya que accedieron al pedido formulado, resaltó. Algunas de las organizaciones que se sumaron al pedido son: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Asociación de Abogados de Buenos Aires, Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Asociación Civil Conciencia, Asociación Civil Usina de Justicia, Asociación Empresaria Argentina (AEA), Asociación Justa Causa, Asociación Justicia y Concordia, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Asociación Será Justicia, Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina, Cámara de Sociedades Anónimas, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), Colegio de Abogados de Córdoba, Colegio de Abogados de Rosario, Colegio de Escribanos de Buenos Aires, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Consejo Empresario para América Latina, Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), Fundación Carlos Pellegrini, Fundación Poder Ciudadano, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea), Sociedad de Abogados Penalistas de Buenos Aires, Sociedad Rural Argentina (SRA), y la Unión Iberoamericana de Abogados.

En acción

Luego de la petición, el Consejo de la Magistratura se puso en acción y ya están trabajando en las auditorias demoradas. El primer paso que dieron fue robustecer, operativa y administrativamente al cuerpo de auditores. Incluso se ha previsto la asignación de nuevos cargos para llevar adelante esta función. Se le pidió a la Cámara de Apelaciones que hiciera un relevamiento de las causas en las cuales se da esta particularidad de delitos contra la administración pública donde interviene un diputado o un funcionario público, detalló Frávega. Asimismo, el Consejo pidió a cada juzgado que hiciera el relevamiento certificado por el secretario interviniente correspondiente. Otro de los avances que Frávega mencionó fue que el Consejo realizó un sorteo público de los auditores que intervienen en cada juzgado. Tenemos entendido que los auditores ya han tomado contacto con los jueces para hacer el relevamiento de las causas que reúnen estos requisitos, adelantó.

Por último, Fernando Fravega concluyó que solo resta esperar que les den las respuestas oficiales. Hemos tenidos varios contactos con el Consejo de la Magistratura y esperamos que en los próximos días tengamos alguna información oficial respecto a la evolución del trámite, insistió.