En la República Argentina hay una gran asimetría en el acceso al gas. Mientras una parte del territorio tiene gas natural (GN) a través de redes, otro sector tiene, como única alternativa, el gas licuado de petróleo (GLP), es decir, el gas de garrafa. Esta diferencia no se traduce solo en la calidad del servicio, sino que repercute también en el costo de vida. En dialogo con gestionpublica.info, el exsecretario de Energía Daniel Montamat sostuvo que el valor de la garrafa social, que subvenciona el Estado, es dos o tres veces más que el del gas natural. Y agrega que el GLP que no está financiado supera hasta seis veces el precio de la tarifa del GN.

Las provincias que no cuentan con gas natural son las de Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones. En este último caso, su capital, Posadas, registra los índices más de pobreza del país, según cifras del INDEC. En su mayoría, la población de menores recursos no cuenta con el servicio de GN por redes y queda obligada, en el mejor de los casos, a adquirir una garrafa social u obtener una que no cuente con la subvención. Estos precios distorsionados solo benefician a los sectores más ricos. Es necesario proveer a todas las provincias GN. No lo digo únicamente por la diferencia en el costo del servicio, sino por la seguridad y comodidad que implica tener GN, plantea Montamat.

En promedio, el gas extraído en el país cuesta U$S 2,66 por millón de BTU (Unidad Técnica Británica). El costo aproximado de lo importado desde Bolivia es de U$S 8,77 por millón de BTU, y del traído en barco es de U$S 13 por millón de BTU. Según Montamat, como el GN no se produce todo en Argentina, hay que importarlo a tres o cuatro veces más del valor local. El precio interno quedó divorciado del internacional. Esa fue la política de este gobierno. Al romperse la convertibilidad, se congelaron los precios y no aumentaron las tarifas.

Gasoducto del NEA

En febrero de este año, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó la licitación del Gasoducto Juana Azurduy, que llevará GN a las provincias del noreste argentino. Se trata de un trazado de 15 kilómetros del lado boliviano que costará U$S 43 millones, y 55 kilómetros del lado argentino que contará con una inversión de U$S 55 millones. La presidenta calificó la iniciativa como absolutamente estratégica, y que permitirá que todas las provincias sean tratadas con igualdad de oportunidades.