Los gremialistas detenidos son Marcelo Balcedo, Humberto Monteros, Juan Pablo "Pata" Medina, Omar "Caballo" Suárez, mientras que sobre Víctor Santa María (SUTERH) y Hugo Moyano, pesan denuncias en su contra.

Las investigaciones ya comenzaron a elaborarse y están a cargo del Ministerio de Trabajo, para la parte sindical, y de la Superintendencia de Servicios de Salud, en lo que corresponde a las obras sociales. Estos dos, oficiarán como organismo de control dejando fuera a otros con mayor experiencia.

Según reveló el Gobierno Nacional, se comenzaron a auditar los libros contables, las cuentas bancarias, los padrones de afiliados e inmuebles registrados por los sindicatos. El próximo paso será el cruce de datos con la AFIP, el Banco Central, la Inspección General de Justicia y los registros de la Propiedad, con el objetivo de detectar irregularidades.

La estrategia apunta a detectar maniobras fraudulentas y, si es necesario, dar intervención a la Unidad de Información Financiera (UIF). En principio se formó un cuerpo de contadores y abogados que inspeccionan al menos 50 sindicatos desde principios de febrero.

El trabajo tiene una complejidad: en la actualidad existen en el país al menos 300 obras sociales y unos tres mil sindicatos. Luego de esto el Ejecutivo buscaría conseguir la reforma laboral cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En esta primera tanda de auditorías entraron los sindicatos que estaban en falta con algún requerimiento del Ministerio de Trabajo. Algunos de estos ya empezaron a entregar información. Para los que todavía no lo hicieron, el incumplimiento contempla desde sanciones económicas hasta la suspensión y la pérdida de la personería, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Sindicales.

Desde el Gobierno aseguraron que con la estructura actual, con seis contadores a cargo de las revisiones, estarán los resultados de las auditorías de entre 20 y 30 gremios por mes.