Según los documentos preparatorios de esta cumbre, los temas centrales que serán abordados -y los Mandatos para la Acción que serán acordados- son los siguientes: a) combate a la pobreza; b) cooperación en áreas como salud, educación, seguridad, energía y medio ambiente; c) gobernabilidad democrática y cooperación ciudadana.

La iniciativa de convocar a este tipo de encuentros fue tomada por la Administración Clinton, quien en diciembre de 1994 invitó a los gobernantes de las Américas a participar en un foro que se reuniría en Miami, Estados Unidos, para discutir los borradores iniciales de lo que luego se conocería como el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas. Hay que tener en cuenta que el 1º de enero de ese mismo año se había puesto en marcha el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado por Canadá, Estados Unidos y México. La intención de Clinton, que continúa vigente al día de hoy, era forjar un acuerdo de libre comercio que incluyera a todo el continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Ese acuerdo debería ser aprobado  en la Cumbre de Mar del Plata, en Noviembre del 2005, pero no logró el consenso necesario y el proyecto tuvo que ser archivado. No obstante, Washington continuó con sus empeños y creó un archipiélago de tratados con diversos países: Chile, Colombia y Perú, o regiones, como Centroamérica más República Dominicana.

La pretensión norteamericana estará otra vez presente en la cumbre de Panamá, pero se descuenta que una vez más tropezará con fuertes resistencias. De hecho, los encuentros precedentes estuvieron signados por profundos desacuerdos: el de Mar del Plata enterró al ALCA, el proyecto más importante que Estados Unidos había elaborado como principio orientador de su política regional para comienzos del siglo veintiuno. La cumbre siguiente, reunida en abril del 2009 en Trinidad y Tobago, contó con la participación de Barack Obama, recién ascendido a la presidencia, y en esa ocasión se produjo un áspero intercambio de opiniones sobre el bloqueo a Cuba y la negativa de la OEA a invitar a ese país a las deliberaciones continentales. En la cumbre que le siguió, que tuvo como escenario la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, en abril del 2012, volvió a ponerse de manifiesto el malestar de la región ante la exclusión de Cuba. Además, la reciente creación de la CELAC, un organismo regional que agrupa los 33 países de las Américas, con la exclusión de Canadá y Estados Unidos, fue otro factor que enturbió el diálogo entre Obama y sus congéneres de la región, al punto tal que el encuentro concluyó sin que pudiera emitirse una declaración final. En la que comenzará este fin de semana este tema estará ausente porque la isla caribeña fue invitada a participar, y el presidente Raúl Castro tomará parte del cónclave.

Así todo, el próximo  difícilmente pueda ser un encuentro signado por la serenidad y los consensos porque el malestar regional ante la reciente orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca -en la cual acusa a Venezuela de ser una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los Estados Unidos y su política exterior, razón por la cual Barack Obama declaró una situación de emergencia nacional en su país- se constituirá en el tema principalísimo, quizás excluyente, de las conversaciones entre los gobernantes. La insólita decisión de Washington, que roza lo ridículo porque Venezuela (a diferencia de Rusia, o China) no tiene absolutamente ninguna capacidad para poner en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, generó una corriente de simpatía y solidaridad con el presidente Nicolás Maduro en toda la región. La UNASUR, que nuclea a doce países sudamericanos y que cuenta a México y Panamá como estados observadores, pudo emitir una declaración unánime de condena pese a que en su seno conviven no sin dificultades gobiernos de derecha, centro derecha, centroizquierda e izquierda, lo que, según palabras de la señora Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, provocó la decepción de su gobierno ante la incomprensión de los alcances de las sanciones aplicadas contra supuestos violadores de los derechos humanos en Venezuela.

El clima confrontacional que marcará el cónclave panameño se verá influenciado no sólo por el rechazo de los países del área al apenas disimulado intervencionismo norteamericano en los asuntos internos de Venezuela sino también por la convocatoria hecha por el gobierno panameño -de modo velado e inconsulto- a un Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales que comenzará a sesionar a partir del 8 de abril con el objeto de promover mecanismos de consulta, diálogo e intercambio para la participación de las organizaciones de la sociedad civil y actores sociales en la implementación práctica de los acuerdos que se tomen en la cumbre. Por la información que se filtró hacia afuera, dicho cónclave tendría como propósito servir de fachada para potenciar las voces de algunas de las más notables figuras de la oposición a los gobiernos de Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela. Esto precipitó la realización de un encuentro, que también se desarrollará en simultáneo con la cumbre oficial, de una autoconvocada Cumbre de los Pueblos cuyo objetivo será hacer oír una voz diferente y una preocupación alternativa a la que surge de la convocatoria oficial y cuya agenda incluye temas tales como la derogación de la orden ejecutiva que castiga a Venezuela, el cese del bloqueo contra Cuba, el mantenimiento de América Latina y el Caribe como una zona desnuclearizada, el cierre de las bases militares de Estados Unidos y la OTAN, y el fin de la ofensiva destituyente con la que Washington, apremiado por el peligro de nuevas guerras en Europa Oriental/Ucrania y Medio Oriente, intenta recuperar el control de sus inquietos vecinos del sur a los efectos de tener bien cubierta su retaguardia y las manos libres para enfrentar inéditas acechanzas en el tablero geopolítico mundial. Una cumbre, en suma, que dará que hablar.