Organizado por la Fundación Ecologista Verde y con la participación de varias organizaciones especializadas en la protección ambiental, la semana pasada se desarrolló en Buenos Aires el segundo seminario de Propuestas Verdes para la Argentina.

El evento se llevó a cabo el 13 y 14 del corriente en el Hotel NH City Tower ubicado a metros de la Plaza de Mayo y la idea, según Juan Manuel Velasco, presidente de la Fundación, es realzarlo siempre antes de alguna fecha electoral, para generar un debate sobre políticas medioambientales que se deben llevar a cabo. Aunque estaban programadas las visitas de varios funcionarios, como el ministro porteño de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, y los diputados Soledad Martínez, Norma Morandini y Adela Segarra, en esta oportunidad todos faltaron a la cita; no obstante, se esbozaron varias propuestas para la agenda medioambiental.

Uno de los paneles abarcó la postura del país frente al cambio climático y la biodiversidad, y el primer orador fue Fernando Ardura, Director ejecutivo de la Fundación Hábitat y Desarrollo. Lo primero que destacó Ardura fue que desde fines de la década del ‘90, existe una lucha de todo el sector no gubernamental de todas las provincias para que ambos factores, ONG’s y Estados, tengan políticas en común.

Ardura explicó la importancia del territorio natural en la Argentina y centró su discurso en que la biodiversidad tiene mucho que ver con los intereses económicos, dado que es el sostén de la actividad productiva y le da la posibilidad al país de introducirse en el mercado internacional.   

Sabido es que, además de las especies en sí mimas, no son el único componente de la biodiversidad, que también está integrada por los diferentes ecosistemas que existen en el territorio. Sin los suelos, sin el agua y sin la humedad que tienen algunas regiones del país, la Argentina no podría producir alimentación ni siquiera para su propia población, y hoy el 10% de la producción se usa para alimentar a la propia población y el otro 90% se exporta, lo quiere decir que estamos soportando la alimentación de 400 millones de personas y esto se sostiene con los ambientes donde el suelo y el agua son dos cuestiones fundamentales, y no están fuera de la biodiversidad, argumentó Ardura.

Ardura también hizo referencia a la actividad turística del país: Argentina recibe de afuera más de seis mil millones de dólares por año, lo que hace a la actividad turística uno de los factores mas importante en la economía. La gente viene a ver la naturaleza, la biodiversidad y este es el puente que tiene Argentina con el mundo desde el punto de vista económico.

Pero luego de mencionar las utilidades de la biodiversidad, el Director de la Fundación Hábitat y Desarrollo confirmó que esas actividades que la explotan y generan recursos para el país son las mismas que la amenazan, y por lo tanto propuso establecer un contrato para respetar los límites de la capacidad de carga que tiene la biodiversidad.

El proyecto lleva el nombre de Estrategia Nacional de Conservación de Biodiversidad y es un proceso, contó Ardura, que se inició a finales de los ‘90 con la participación de todas las provincias, el sector tecnológico y varias ONG’s. Todo este trabajo desembocó en un gran plenario nacional donde surgieron los lineamientos de lo que tendría que ser la Estrategia Nacional de Conservación de Biodiversidad, explicó y concluyó: Luego, las diferencias políticas no permitieron terminar con este esfuerzo, pero hoy podemos decir con esperanza, que mediante la Secretaría de Medioambiente se va a retomar la estrategia.

LEY DE BOSQUES

Otro expositor que participó de las jornadas fue Rodolfo Burkart, integrante de la Administración Nacional de Bosques y utilizó su tiempo para explicar algunos puntos de la nueva Ley 26.331 de Protección de Bosques Nativos.

Burkart, dijo que para la conservación de las zonas boscosas en el país se realizó una zonificación dividida en tres categorías. La Roja, representa a los bosques de mayor valor, cuya protección es estricta y casi ni se permite el uso. La Amarilla, sería la categoría intermedia, donde el nivel de conservación es intermedio, dado que los bosques tienen un buen valor comercial y se busca utilizarlos pero sin desmonte, y la tercera y más vulnerable es la categoría Verde, que es susceptible a la conversión de los bosques porque son los de menor valor.    

Esa categorización se basó en diferentes factores, uno de ellos es el valor de la biodiversidad que contienen, y el otro es la función que cumplen en el espacio donde están ubicados, por eso, con la intención de proteger los ríos, todos los cursos hídricos entraron en la categoría más estricta.  

Además, la Ley reconoce por primera vez en el país una retribución o compensación por el mantenimiento de servicios ambientales y la conservación de los bosques, y prevé que se les pague a los particulares, mediante los Estados provinciales. El sistema de incentivo a la protección de los bosques establece que el 30% de lo que se asigna a cada casa provincial, vaya a la oficina de bosques para el fomento, organización y uso sustentable de los terrenos por parte de los lugareños. La asignación de fondos llega tras un plan de manejo que debe presentar cada oficina de bosques.

Según Burkart, la Ley es buena pero no es fundamentalista, porque no pretende frenar totalmente los desmontes, sino que procura que se ordene ese desmonte, se dirija el desmonte hacia las áreas donde se pueda justificar y que en todo caso se minimice el abuso del desmonte.