Detalles de la Ley de acceso a la información
El Consejo de Ministros aprobó una normativa que busca transparentar el funcionamiento del Estado. Los gestores que falseen cuentas públicas podrían ir a prisión.
Luego del reclamo de la ciudadanía y los medios de comunicación (El diario El País llegó a tildar a España como el país más opaco de Europa), el gobierno de Mariano Rajoy presentó un proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros. El objetivo, según destaca el cuerpo de la norma, es reconocer y garantizar el derecho a la información.
Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno español, aseguró que la iniciativa busca recuperar la confianza y la credibilidad del país. Por otro lado, remarcó que garantizará el derecho de todos los ciudadanos a acceder a la información pública, además de reforzar la responsabilidad de los gestores públicos en el ejercicio de sus funciones y en el manejo de los recursos que son de todos.
El ámbito de aplicación de la Ley abarca toda la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración española, como así también el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Económico y Social.
Uno de los aspectos más destacados de la norma, se refiere a que los gestores públicos que falseen cuentas, oculten datos o divulguen información falsa, podrán ser condenados a penas de prisión que van entre uno y cuatro años, siempre y cuando se demuestre un perjuicio económico a la Administración. En otros casos, la sanción puede ser una inhabilitación de diez años para ocupar un cargo público.
Tras conocerse la decisión del Consejo de Ministros, Gestión Pública se comunicó con Victoria Anderica, Coordinadora de la organización Coalición Pro Acceso (una plataforma de organizaciones españolas de la sociedad civil que trabaja para promover el derecho de acceso a la información), quién señaló que la Ley de transparencia es una promesa que tenía el gobierno socialista desde 2004 y que en ocho años de gobierno nunca aprobó.
Claramente no fue una prioridad. Hay una situación de crisis y desconfianza de la sociedad hacia sus instituciones.
El gobierno ahora plantea una norma que sólo afecta a la administración, detalló Anderica quién además remarcó que es uno de los errores más graves del proyecto, ya que no recoge un principio de publicidad de la actividad pública sino que plantea que la administración sea un poco más transparente.
Por su parte, Sáenz de Santamaría aclaró también que la Casa del Rey queda fuera de la aplicación de la nueva Ley de Transparencia, por no ser una administración pública. Según dijo, la normativa internacional prevé que las monarquías no estén sujetas a este régimen.
A fin de incentivar la participación ciudadana, el gobierno español dispuso que los ciudadanos tengan 15 días el texto del proyecto a su disposición para que puedan formular sugerencias que luego se tendrían en cuenta para incorporar en la normativa. En relación a este punto, Anderica exclamó: Fue una consulta pública pero no se han publicado los resultados. Dicen que han integrado propuestas ciudadanas pero como no las conocemos, no podemos asegurarlo.
Portal de la Transparencia
La norma prevé también la creación de un Portal de la Transparencia que, según se describe, incluirá además de la información sobre la que existe una obligación de publicidad activa, aquella cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
Por último, y entre los motivos que llevaron a impulsar la Ley, el texto destaca que los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. La norma afirma que de esta manera los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus líderes y decidir en consecuencia.