En la sede del Colegio de Abogados de La Plata, y convocada por el Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA), se llevó acabo la audiencia para tratar un aumento del 40 por ciento en la tarifa del servicio.

Los representantes de Aguas Bonaerenses SA (ABSA) abrieron la jornada anunciando el próximo aumento del 40 %. La razón: nuevas obras y mejoras. Luego, usuarios y dirigentes políticos y sociales de los 52 municipios bonaerenses expresaron sus quejas por los problemas en el servicio.

Falta de suministro, agua no potable, red de caños cloacales en mal estado y viejos, fueron algunos de los reclamos. Entre los participantes estaba presente Gastón Crespo, concejal por el Bloque 1Pais, quien expresó que en solo tres días nos llegaron más de 500 reclamos de pérdidas o falta de agua y desbordes cloacales.

Otro de los problemas que mencionó Crespo en la audiencia, fue la potabilidad del agua corriente. Muchos vecinos dicen que el agua sale de color oscuro y cuando se hacen los estudios, los resultados marcan que no es apta para el consumo humano. Del mismo bloque, Luciano Sanguinetti expresó que si bien la idea es desarrollar un plan de inversiones y mejoras, el aumento solicitado está por encima de la pauta establecida por el gobierno para las paritarias de 2018. El ciudadano no puede seguir pagando aumentos de servicios, que duplican o triplican el aumento de sus salarios. Una vez más, el consumidor se ve castigado con estas medidas.

Por su parte, el diputado provincial de Unidad Ciudadana Guillermo Escudero aseguró: "es inadmisible que quienes siguen soportando todos los aumentos sean los trabajadores. En la misma línea, Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, se opuso a que el aumento recaiga en los consumidores: el Gobierno no está mirando al usuario, ya que el aumento tarifario no tiene en cuenta la variable del salario. Se debe utilizar el Fondo del Conurbano para financiar las obras, y que no sean los usuarios quienes deban pagar los trabajos que se están realizando y que se deben realizar, para mejorar el servicio.

Jorge Ruesga, Secretario de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Transporte de la Defensoría bonaerense, dialogó con este medio: estamos de acuerdo con las obras, creemos que son necesarias, pero no pueden recaer sobre los usuarios. Desde la Defensoría propusieron la utilización del Fondo del Conurbano para cubrir estas inversiones o parte de ellas, teniendo en cuenta que ABSA no es privada, es estatal, y se pueden utilizar estos fondos.

El Fondo del Conurbano fue creado en 1992 a través de la Ley 24.073 que estableció que el 10 por ciento de lo recaudado anualmente por el impuesto a las ganancias sería destinado a financiar obras de carácter social en la provincia.

ABSA presta dos servicios básicos: agua y tratamiento de residuos cloacales. En las dos prestaciones hay muchos reclamos. Falta de suministro de agua en Bahía Blanca, en el Gran La Plata y en otras ciudades del interior como Chivilcoy. También existen presentaciones judiciales porque el agua no es potable, la calidad no es la adecuada, como en 9 de Julio. Estos problemas vienen desde hace mucho tiempo, no es algo reciente, remarcó Ruesga.

Otro de los problemas mencionados por Jorge Ruesga fue la Tarifa Social, un beneficio que le permite pagar un precio más bajo por los servicios públicos a aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad.

De dos millones de usuarios del servicio solo 4 mil accedieron a la Tarifa Social en la provincia. Hay distritos donde solo un usuario accedió a este programa. Esto sucede porque el trámite para solicitarla es muy engorroso, le falta difusión, la gente no sabe de su existencia ni cómo funciona, hay un límite de consumo y está relacionada a tus ingresos. Básicamente a nadie le interesa que los usuarios accedan a la tarifa sino sería más fácil, aseguró.

Falta de control

¿Quién va a controlar las obras que se planean realizar? OCABA está en un proceso de transformación y no controlan nada. Necesitamos organismos de control más actuales y dinámicos, que den un acceso fácil a la información, porque si no como sabemos si se invirtieron bien los recursos, aseveró Ruesga, quien además remarcó la falta información para el abordaje de la audiencia pública: nos opusimos a realizar la audiencia porque faltaba información que acredite como se llega a este porcentaje que se pretende aumentar, lo cual sigue siendo un misterio. La documentación no está al alcance y la instancia de audiencia no permite el diálogo, el debate, si no la exposición de monólogos, eso sin mencionar que no es vinculante, remarcó.

OCABA está en un proceso de transformación desde el 20 de enero, cuando la gestión de María Eugenia Vidal disolvió este organismo pasando sus funciones a la Autoridad del Agua (ADA), quien será el ente controlador del servicio. Al momento de realizarse la convocatoria de audiencia pública OCABA seguía en funcionamiento.