La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) aprobó un informe donde detectó que el Gobierno porteño no cumple con la Ley 1502/04 de incorporación laboral de personas con discapacidad en el sector público. El ente auditado (en 2014) fue la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, área que tiene a su cargo la tarea de diseñar y proponer políticas que fomenten la inclusión.

La norma 1502 regula la incorporación de personas con discapacidad en el sector público del GCBA en un porcentaje no inferior al 5 por ciento del total de empleados en planta permanente. Sancionada en 2004, estableció un plazo de 5 años para su aplicación total. En 2008, un año antes del vencimiento, el macrismo presentó un proyecto de Ley para prorrogar el cupo por cinco años más. Por suerte, no se logró aprobar. Desde entonces, el Gobierno no brinda datos concretos sobre el porcentaje actual, expresó Marcelo Betti, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), en comunicación con Gestionpublica.info.

A fines de 2007, desde REDI junto a la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo, iniciaron una demanda contra la empresa de limpieza CLIBA y el Gobierno de la Ciudad por incumplimiento del cupo establecido por Ley. Con un fallo favorable de parte de la Justicia porteña, ambos fueron multados y obligados a aplicar la Ley vigente. Aun no incorporaron en planta permanente a personas con discapacidad. Andrés Gil Domínguez fue nombrado interventor de la causa, encargado de armar un plan para que la empresa se adecue, sostuvo Betti. En Buenos Aires no solo rige la Ley 1504 sino que, además, este derecho está garantizado en el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad.

Si bien desde REDI no repitieron la demanda con otras empresas con fondos del Estado, Betti remarcó que estamos constantemente haciendo seguimiento a los distintos órganos que componen el Gobierno de la Ciudad. La semana pasada salieron dos convocatorias de búsqueda laboral dirigidas a personas con discapacidad. Pero fuera de eso, no hay otro tipo de iniciativas, detalló el especialista.

Informe de la Auditoria

Según difundió el portal periodístico ElAuditor.info, del 5 por ciento obligatorio por Ley, solo se cumple el 2,7 por ciento del cupo laboral para personas con discapacidad. Además, el organismo de control encontró falencias en los registros, legajos y expedientes de los contratados en planta permanente. De 225 expedientes, solo 160 tenían certificado de discapacidad. Estas falencias son normales en el funcionamiento de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), expresó Betti. Esta comisión, junto con la Subsecretaría de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización, son los órganos encargados de la correcta aplicación de la Ley 1502.

Según Marcelo Betti, hay varias formas de garantizar una verdadera inclusión. Por un lado, con la realización de concursos públicos que no cuenten con demasiados requisitos. Además, consideró importante que los representantes de los distintos organismos públicos pongan en agenda el tema ya que se viola la Constitución de la Ciudad y leyes nacionales. También apuntamos a que se tome como bandera por los sindicatos y que puedan trabajar en la misma línea, subrayó.

En cuanto a la intención actual del Gobierno porteño, el integrante de REDI expresó que tienen dudas sobre la voluntad de incorporar gente. A juzgar por lo que hicieron en 2008, tratar de prorrogar la Ley, pareciera que no están con muchas ganas de solucionarlo. Por otro lado, es una gestión que ya lleva muchos años en la Ciudad y aún no hay resultados concretos. Muchos funcionarios siguen opinando que personas con discapacidad no sirven, finalizó Betti.