El Defensor del Pueblo de la Nación debe proteger a los ciudadanos ante hechos, actos u omisiones de la Administración, aclara la página web www.dpn.gob.ar. Sin embargo, hace cuatro años no se designa a nadie para cumplir esa función, por lo que el puesto aún está vacante.

No hay plenitud institucional, indicó a Gestionpublica.info Juan Minguez, adjunto segundo de la Defensoría. En la actualidad, el organismo está a cargo del adjunto primero, Anselmo Sella. Eduardo Mondino fue el anterior Defensor, quien estuvo al frente del organismo por nueve años y concluyó su mandato en abril de 2009.

Sería muy bueno que se designe el Defensor titular, como así también a los titulares de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que está intervenida hace más de diez años, cuestionó Minguez. Y añadió: Los organismos de control no han sido favorecidos por esta gestión. Hay que tener en cuenta que estos organismos tienen su razón de ser en el ciudadano. Por este motivo deben ser escuchados por quienes conducen hoy la Administración Pública.

A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la Tragedia de Once, diputados de la oposición organizaron la segunda jornada legislativa "Recuperemos el Tren". En este encuentro, los legisladores resaltaron el desempeño de la Defensoría del Pueblo de la Nación ya que fue el primer organismo en criticar la gestión de Trenes de Buenos Aires (TBA) y pedir la rendición del contrato al Grupo Cirigliano.

Desde 2002 planteamos la necesidad de que se rescinda el contrato a TBA. En ese momento ya advertíamos una carencia absoluta para brindarle al ciudadano un servicio seguro, recalcó el segundo Defensor adjunto.

Cuatro meses después del accidente que dejó un saldo de 51 muertos y más de 700 heridos, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través del decreto 874, transfirió la secretaría de Transporte (hasta entonces en el ámbito del ministerio de Planificación) a la órbita del ministerio del Interior que conduce Florencio Randazzo.

Respecto a este punto, Minguez advirtió que le aterra el traspaso y alertó: El ministerio del Interior es un ministerio político y no tiene el respaldo técnico que se necesita para tomar decisiones sobre los trenes. Es como plantear que los hospitales estén dentro del ámbito del ministerio de Justicia. Es impensable.

Para Minguez el problema del transporte ferroviario es un tema de política de Estado que no será resuelto ni por un ministerio, ni por un gobierno en su periodo. Es necesario que haya decisiones colectivas, utilizando las herramientas que nos da la democracia representativa y participativa, opinó.

Antes de concluir, destacó que hace falta una alta dosis de responsabilidad y respeto institucional a los organismos de control y aclaró: Controlar no significa perseguir ni poner palos en la rueda. Sólo permite indicar el camino.