El colectivo Médicos de Pueblos Fumigados presentó ante la justicia un nuevo pedido para que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) reevalúe los herbicidas registrados con glifosato. En diálogo con GestionPublica.info, Medardo Ávila Vázquez, integrante de este grupo, adelantó que el SENASA no cumple su función y los gerentes del agro negocio son funcionarios del gobierno actual.

El objetivo que persiguen desde hace años es lograr la prohibición de la comercialización de herbicidas, bajo el argumento que son dañinos para la salud de la población. Ávila explicó que esta presentación es la continuación del pedido del año pasado donde arrancamos el trámite administrativo y terminamos en la justicia pidiendo que se responda pero el SENASA dio una respuesta negativa. Es por esto que volvimos a la justicia para que se analice el glifosato de etiqueta verde que se compra en cualquier ferretería, indicó.

Sabemos que el SENASA no está haciendo los controles que debe y uno muy importante es el de los alimentos, aseguró Ávila Vázquez ratificando las advertencias de la Auditoría General de la Nación (AGN) en un informe del año 2012 (*ver nota aparte Los agroquímicos, otra vez en la mira). Además de esto, el doctor reafirmó que el SENASA no cumple su función y los gerentes del agro negocio son funcionarios del gobierno actual que están justamente en las áreas de control; a ellos les preocupa ganar plata y a nosotros la salud de la gente.

Medardo Ávila argumentó además que el año pasado en conjunto con la Universidad de la Plata hicimos un informe sobre la cantidad de agrotóxicos que contiene por ejemplo una ensalada de lechuga y tomate que come cualquier ciudadano y los resultados fueron abrumadores. Esto se da porque a los productores se les hace más fácil cultivar con estos productos y porque fallan los controles, concluyó el integrante de Médicos de Pueblos Fumigados.

Cañana de Gomez

En Cañada de Gómez, Provincia de Santa Fé, un fallo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nº 6 determinó como procedente la acción de amparo presentada por una agrupación de vecinos de la ciudad de Totoras, mediante la cual objetaron una ordenanza que flexibilizaba la aplicación de agroquímicos en cercanías de viviendas rurales.

La medida judicial consideró "inconstitucional e inconvencional" el articulado de la ordenanza sancionada hace un año que establece que se puede fumigar a partir de los 100 metros de espacios habitados, ampliando el límite mínimo a 500 metros.

Sobre este tema, Medardo Ávila observó que es una medida que ayuda y agregó que actualmente uno cruza un alambrado y se está fumigando porque todas las leyes provinciales contemplan que los productos con etiqueta verde pueden ser utilizados y si cambiasen la clasificación del SENASA se fumigaría a una distancia prudencial de más de 1500 metros.

Los estudios epidemiológicos demuestran que las personas que viven a menos de 1000 metros del área fumigada son los que más sufren de malformaciones y de cáncer. Estas son herramientas útiles aunque después siempre hay que analizar la contaminación del aire y del agua, concluyó Ávila.

* http://gestionpublica.info/1457/19/Los-agroquimicos-otra-vez-en-la-mira/