El 2013 fue uno de los años con mayores escándalos de corrupción en Europa. Con casos importantes en Francia, República Checa, Eslovenia y España, en donde la Infanta Cristina, la hija del Rey Juan Carlos, está acusada junto a su marido Iñaki Urdangarin de haber desviado 6 millones de euros del erario público, la Comisión Europea publicó su primer informe en el que identifica graves limitaciones generalizadas en la lucha contra la corrupción. En función a este documento, la ONG Transparencia Internacional (TI) advirtió que los países miembros de la Unión Europea deberán plantear políticas más eficientes para prevenir a sus Estados en esta materia.

El informe [de la Comisión Europea] identifica las fallas sistemáticas que tienen los gobiernos para abordar los conflictos de interés que se dan entre el sector político y los negocios, especialmente en el financiamiento de los partidos políticos, en las contrataciones públicas y en las relaciones entre el gobierno y la industria, señala el comunicado de Transparencia Internacional el cual fue traducido por la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ).

Según Miklos Marschall, director general adjunto de TI, la confianza en los líderes de Europa se está cayendo debido a que las relaciones entre el sector público y las empresas se realizan en la oscuridad, dejando a los ciudadanos con cuestionamientos sobre qué intereses son los que se tienen en cuenta. Y añadió que para unir la brecha entre los políticos y la gente, debe aumentar la transparencia en la vida pública y los funcionarios deben rendir más cuentas sobre sus acciones.

Por su parte, Carl Dolan, director de la Oficina de Transparencia Internacional en la Unión Europea, advirtió que la corrupción cruza fronteras y es una amenaza para la integridad del mercado. Para hacer frente a las deficiencias planteadas en el documento, el funcionario expresó la necesidad de que desde la UE se establezca una legislación a fin de proteger a los denunciantes.

A su vez, Carl Donal, aseguró que el mayor problema de Europa está dado por los vínculos entre la clase política y la industria.

El comunicado de TI sostiene que el informe, que evalúa los esfuerzos realizados por los 28 Estados Miembros de la Unión Europea para prevenir la corrupción en el sector público, no plantea recomendaciones detalladas en el área de denuncias de irregularidades, de acceso a la información ni sobre las presiones del lobby. Frente a esto, la Comisión Europea sólo menciona mejores controles y un redoblamiento de la ejecución.

Del documento que realizó la Comisión Europea en junio de 2013 también se desprende que la corrupción le cuesta a la economía europea 120 billones de euros al año.