El dictamen fue suscripto por cinco de los siete auditores de la AGN: su Presidente, Oscar Lamberto; Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada, Alejandro Nieva y Jesús Rodríguez. María Graciela De la Rosa y Juan Ignacio Forlón rechazaron, en cambio, el dictamen de mayoría. Desde prensa de la Auditoría expresaron que el informe es secreto y Oscar Lamberto, por el momento, no habla del tema.

En todo trabajo de auditoría es fundamental precisar cuál es la materia auditable. En este sentido, un proceso concursal queda fuera de la competencia de la AGN porque se trata de un acuerdo entre privados. Tampoco es materia auditable la valorización de activos y pasivos que están sujetos a las reglas concursales. La AGN no debe opinar sobre la razonabilidad de propuestas rechazadas o retiradas en el marco de una negociación concursal bajo la tutela de un juez", expresa el informe.

El informe arribará a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, quienes informaron que aún no les llegó y que en tanto sea secreto, no hablarán del tema. La Comisión deberá resolver si aprueba el informe o lo devuelve a la AGN.

Cronología

En 2001, el Grupo Socma (Sociedad Macri), fundado en la década del 70 por Franco Macri y con empresas en Argentina, Brasil, Panamá y Uruguay, acumulaba una deuda de 300 millones de pesos con el Estado argentino. En ese momento entró en concurso preventivo al mismo tiempo que iniciaba distintos juicios al Estado.

En junio de 2016, le ofreció al Estado pagar el total de la deuda pero a valor nominal, es decir, sin calcular los intereses ni la devaluación del país. La operación solo incluía el pago de un 7 % de interés anual sobre el saldo abonado en la última cuota. Este plan de pagos, aceptado por el Ministerio de Comunicación, consistía en 15 cuotas anuales, y el monto total que terminaría de pagar en marzo de 2033 sería de $ 1.436 millones de pesos.

La Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Gabriela Boquín, reveló mediante un dictamen que el Gobierno y Correo Argentino habían firmado una condonación de deuda de $ 70.000 millones, a favor de la compañía de Mauricio Macri. Al estallar el escándalo público, el Presidente pidió volver a foja cero y que se continúe con el proceso judicial.

En medio del escándalo, diferentes funcionarios pidieron la intervención de la AGN, máximo organismo de control público, para que analice en detalle la convocatoria de acreedores y también el post concurso. En ese entonces, Lamberto expresó que la AGN no era el organismo adecuado para analizar dicho acuerdo.

En marzo de 2017 la Comisión Mixta Revisora de Cuentas autorizó la intervención de la Auditoría en el análisis de la deuda con el Estado. Antes lo había solicitado Marcos Peña, Jefe de Gabinete, pero requería el visto bueno del Congreso. En dicho momento, desde la Comisión expresaron que la AGN tiene el mecanismo idóneo para analizar la situación en marco de la Constitución.

Dos meses después, el 3 de mayo, llegaron los expedientes originales a la AGN vigilados por la Gendarmería. 22.000 hojas custodiadas que fueron depositadas en una oficina anti-incendios. Luego de escanear las fojas, el 17 de mayo la AGN devolvió el expediente a la Justicia. El organismo de control le entregó los documentos a la Sala B de la Cámara Comercial, que lleva la investigación desde hace más de 15 años.

El expediente donde tramita el concurso de acreedores, donde debió hacerse el acuerdo razonable para el pago de la deuda del Correo, está prácticamente paralizado desde marzo del año pasado. El expediente propiamente dicho está ahora en un juzgado federal, el de Ariel Lijo, que lleva adelante una causa penal que involucra hasta al presidente Mauricio Macri y a Oscar Aguad, entre otros. Ahora solo resta esperar que la Comisión se pronuncie.

Sorpresa

El 14 de marzo circuló la noticia de que el Correo demandará al Estado. La compañía reclama $ 2.300 millones más intereses, a tasas que rondan el doble de lo que ofrecían pagar por la deuda.