Esta normativa rige en los 135 municipios, donde los concejos deliberantes, asociaciones gremiales y entidades que administren derechos e intereses del sector público también se tendrán que sumar.

La presente ley tiene por objeto regular el sistema de declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y agentes del sector público de la Provincia de Buenos Aires, expresa la ley en su artículo 1°. La misma obliga a presentar sus declaraciones patrimoniales a los diputados y senadores, secretarios, prosecretarios, directores, subdirectores y personal que intervenga en el manejo de fondos públicos. La exigencia se extiende a todo el sector público provincial, la administración central, entidades descentralizadas; empresas y sociedades del Estado, además de fondos fiduciarios y otras organizaciones.

A partir de entonces, varios municipios comenzaron a sumarse a esta normativa. Los primeros días de febrero el Intendente de San Isidro, Gustavo Posse, envió una ordenanza municipal al Concejo Deliberante para adherir a la ley provincial. Lo mismo hizo Carlos Arroyo, Intendente de Mar del Plata, en los últimos días de febrero. También se sumó La Plata, donde se aprobó por unanimidad el proyecto de adhesión a esta ley. En la segunda sesión extraordinaria del año, los 24 concejales votaron positivamente para que quienes tienen cargos municipales publiquen sus declaraciones patrimoniales.

La Plata es uno de los primeros municipios en adherir a la ley y una de las primeras ciudades en la que sus vecinos podrán conocer vía web los bienes que declaran los funcionarios, expresó a la prensa el Intendente Julio Garro. Esta medida es muy importante porque profundiza la transparencia en la gestión pública y establece un control ciudadano, generando más confianza y seguridad en el vecino. Como servidores públicos debemos ser los primeros en rendir cuentas y dar el ejemplo, agregó.

También se sumaron Trenque Lauquen, 3 de Febrero, Bahía Blanca y Lincoln. En esta misma línea, María Laura Pico, concejal de Bragado, presentó un proyecto de ordenanza los primeros días de marzo que busca adherir al compromiso de combatir la corrupción y el tráfico de influencias tratando de consolidar un sistema más democrático. También de purificar el tema de las contrataciones y los conflictos de intereses, explicó la concejal, en dialogo con GestionPublica.info.

Buscamos sumar un eje fundamental: el de la transparencia de los actos del gobierno. Siendo un reflejo de lo que es Nación y Provincia, informó Pico. Este proyecto fue bien recibido por los vecinos: Las repercusiones en la calle y en las redes sociales son muy buenas, esto es un pueblo chico donde nos conocemos todos. Dentro de lo que es el espectro político también. Según Pico, hay compromiso por parte de las diferentes fuerzas políticas para acompañar esta iniciativa.

Lo que queremos es que desde el Concejo Deliberante cada concejal ponga su estado patrimonial al comienzo de su función, y año a año, lo actualice. Si bien esto es un proyecto de ordenanza, invitamos al Poder Ejecutivo que adhiera con un decreto, porque nosotros no tenemos poder vinculante, añadió Pico.

En el municipio de Bragado hay muchos conflictos de intereses importantes y muchos casos de nepotismo. No solo la familia del intendente sino también algunos concejales tienen familiares en el Ejecutivo, directores y secretarios. Tampoco el manejo de los proveedores es claro, expresó María Laura Pico quien hace poco también presentó un proyecto de ordenanza, en el cual solicitaba la renuncia de los todos los familiares que ocupan cargos en la Municipalidad.

Los primeros días de abril empieza el período de sesiones ordinarias, y este proyecto de ordenanza destinado a que se presenten las Declaraciones Juradas de los funcionarios, será tratado. Mientras tanto, más municipios se siguen sumando como Berisso y Ensenada, donde los concejales de Cambiemos presentaron el viernes 9 de marzo un proyecto de ordenanza destinado a adherir a la ley que busca aprobar un sistema municipal de declaraciones juradas.

Transparentar las cuentas y profundizar el acceso a la información pública le da a los vecinos la posibilidad de controlar que se hace con el dinero de sus impuestos, declaró Gustavo Asnaghi, concejal y coautor del proyecto.