El presidente del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) en Diputados, Ricardo Gil Lavedra, habló en exclusiva con gestionpublica.info. Se refirió, entre otras cosas, a la necesidad de contar con una Ley que regule el acceso a la información pública ya que aseguró que es bueno para la democracia que la sociedad participe activamente en base al conocimiento cabal de los actos de gobierno.

Además habló del pedido de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner de democratizar la justicia y sobre la impunidad de los funcionarios públicos: Se cuentan con los dedos de una mano los funcionarios que son condenados por actos de corrupción. Respecto al futuro del radicalismo, consideró que debe ser el gran articulador de un frente en el que converjan los valores republicanos y democráticos con una vigorosa apuesta al desarrollo con equidad social.

Acceso a la información pública.

El acceso a la información es una exigencia de uno de los principios fundamentales del sistema republicano que nuestra Constitución Nacional establece desde su primer artículo: la publicidad de los actos de gobierno.

Hay una tendencia tradicional en las burocracias a la reserva y el secretismo. Pero el actual gobierno ha llevado esa tendencia a extremos absolutamente incompatibles con las prácticas republicanas. Así, por ejemplo, no se contestan los pedidos de informes, ni siquiera los formulados por los legisladores, y en las pocas ocasiones en que se lo hace la información brindada es insuficiente.

Existen muchos proyectos de ley de acceso a la información presentados, inclusive uno de mi autoría. Pero el bloque oficialista no da curso a ninguna iniciativa que no tenga el aval del Poder Ejecutivo, y éste evidentemente está empeñado en mantener a los ciudadanos lejos de la información pública, que no es un patrimonio privado de los funcionarios sino que es de todos.

No puedo anticipar qué posición asumirá el kircherismo respecto del tema durante este año. Ojalá que comprenda que, salvo en casos muy excepcionales que debe determinar expresa y taxativamente la ley, la información es un bien público y que es muy bueno para la democracia que la sociedad participe activamente en base al conocimiento cabal de los actos de gobierno.

 "Democratización" de la justicia.

El kirchnerismo es experto en encubrir con bellas palabras sus intenciones. Así como el deseo de imponer un relato único se disfraza del noble objetivo de alcanzar la "pluralidad de voces", la pretensión de subordinar completamente a la justicia se enmascara en una misteriosa "democratización".

No se ha explicado qué se quiere significar con este concepto. Los jueces tienen un origen democrático, si bien indirecto, ya que no son electos popularmente. Es esta una regla universal, con la excepción de algunos estados de los Estados Unidos, donde el sistema está siendo sometido a severos cuestionamientos.

Por lo demás, la función de los jueces, al ejercer el control de constitucionalidad, es "contramayoritaria", porque cuando se declara una ley inconstitucional se está determinando que los representantes del pueblo se han equivocado por no haber respetado la Constitución. Los magistrados no deben seguir en sus decisiones las mayorías circunstanciales ni deben guiarse por encuestas de opinión. La República reposa fundamentalmente en la confianza de una justicia independiente.

No puedo agregar por ahora mucho más, porque la vaguedad del enunciado no me permite saber qué planes concretos tiene entre manos el oficialismo en esta cuestión.

En cuanto al acceso a la justicia, por supuesto que hay que profundizar todas las vías para que los ciudadanos resuelvan sus conflictos de modo pacífico en los estrados judiciales, ayudando en especial a los de menores recursos. Pero no es seguramente eso en lo que piensa la presidenta cuando habla de "democratizar" la justicia.

Impunidad.

Se cuentan con los dedos de una mano los funcionarios que son condenados por actos de corrupción. Y, sin embargo, todos sabemos que la corrupción es un mal endémico en nuestro país. No se trata de un mal que haya comenzado con el kirchnerismo, pero sin dudas este modelo de sesgo autoritario, personalista y opaco favorece las prácticas reñidas con la ley y la ética.

La presión a la justicia -que el año pasado tuvo ribetes escandalosos- tiende a lograr jueces y fiscales dóciles, que no investiguen al poder. No se puede generalizar, pero es evidente que hay fueros más permeables que otros a esas presiones. Por ahora, sólo podemos denunciar esos atropellos, hacerlos públicos, evitar que el Consejo de la Magistratura sea usado para favorecer a los corruptos y castigar a los decentes. Sin embargo, es la ciudadanía con su voto la que deberá decidir si quienes queremos una alternativa a este modelo tendremos las mayorías necesarias para asegurar la independencia del Poder Judicial o no.

Radicalismo.

Tengo la certeza de que el ciclo kirchnerista está agotado. Duró demasiado tiempo, al calor de circunstancias económicas internacionales como la Argentina no vivió en un siglo. Pero en lugar de aprovecharlas para iniciar un proceso de desarrollo sostenido, las dilapidó en políticas populistas de corto plazo, que deterioraron nuestro capital energético, de servicios públicos, educativo, tecnológico, etc.

Ahora es necesario conformar una alternativa no sólo electoral sino de gobierno. Creo que el radicalismo debe ser el gran articulador de un frente en el que converjan los valores republicanos y democráticos con una vigorosa apuesta al desarrollo con equidad social.

Esa convergencia debe ser todo lo amplia que se pueda sin que esa variedad de expresiones ideológicas la vacíe de contenido. Soy muy optimista. Ya estamos trabajando en la Ciudad de Buenos Aires con corrientes afines. Hay que terminar con los personalismos y los vedetismos. El marco de las primarias abiertas será muy importante para que la ciudadanía elija quiénes creen que, dentro de esa coalición, son los mejores candidatos.