La senadora radical en la provincia de Mendoza, Daniela García, presentó un proyecto de Ley sobre información pública y transparencia activa. La norma tiene como objetivo principal que los ciudadanos puedan acceder a ese derecho siempre que sea información producida por el erario público o por el Estado e incluye a fundaciones, partidos políticos o empresas financiadas con fondos públicos.

La iniciativa llega en un momento de plena polémica. Hace dos semanas se publicaron algunas declaraciones juradas de funcionarios locales, entre ellas la de la vicegobernadora Laura Montero, con bienes declarados en valores irrisorios. Autos por 70 centavos, casas de un peso y terrenos por 117 pesos.

En diálogo con Gestionpublica.info, Daniela García explicó que en Mendoza hay un decreto confuso que ocasionó graves problemas. Por eso, desde la UCR mendocina aseguran que es un buen momento para tratar el nuevo proyecto porque se presenta dentro de la agenda y como materia pendiente.

García, que preside la Comisión de Reforma del Estado, adelantó que la nueva normativa plantea la creación de una Comisión descentralizada, autónoma y autárquica como entidad de aplicación. Todos los pedidos se canalizarían a través de la Comisión y todas las áreas del Estado tendrían un funcionario garante de la información, detalló la senadora y continuó: Habría tres Directores elegidos por el Senado y los pliegos serán presentados por el Poder Ejecutivo, por la mayoría parlamentaria y por la primera minoría.

Respecto a la información que se publicará, García aclaró que será toda la burocracia estatal en general a excepción de aquella que lesione un interés colectivo, como puede ser la seguridad provincial o los derechos personales a la intimidad. La comisión otorgará 15 días para ofrecer una respuesta y superado el plazo se irá directamente al funcionario garante de la cartera correspondiente, añadió.

El proyecto se presentó en abril, pero comenzó a tratarse recién el primero de mayo, cuando comenzaron las sesiones ordinarias. Será evaluado por la Comisión de Reforma del Estado y por la de Asuntos Constitucionales.

Por último, García se refirió a las declaraciones juradas recientemente publicadas en los medios de comunicación y aseguró que saltaron los casos que son más viejos porque los bienes estaban declarados al valor inicial y por eso salían esos números irrisorios. En ningún caso los bienes declarados eran posteriores a la década del 80, es decir, al valor de austral, agregó.

Queremos cambiar ese decreto por una Ley bien formulada para poder realizar esto a valor fiscal o en todo caso, aunque no lo prefiera, a valor de mercado, finalizó García.