A través de un comunicado de prensa, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), aseguró que aún no cuenta con la información suficiente como para evaluar las calidades de la candidata propuesta por el Poder Ejecutivo a dirigir la Procuración General de la Nación, Alejandra Magdalena Gils Carbó, cuyo Curriculum Vitae muestra numerosos antecedentes laborales y académicos pero referidos, casi exclusivamente, al derecho privado.

Para la ADC, dada la complejidad y la importancia de las atribuciones y funciones asignadas al Procurador General, quien ocupe dicho cargo debe poseer habilidades excepcionales para cumplir adecuadamente con este cometido. Por tal motivo, aseguran que quien presida el

Ministerio Público Fiscal debe ser una persona que garantice la independencia del órgano y además -tal como dispone el Decreto N 222/03- debe reunir la máxima integridad moral, idoneidad técnica y jurídica y un fuerte compromiso con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos que la hagan merecedora de tan importante función.

Desde la ADC, informaron que resulta necesario conocer la postura, visiones y conocimientos de la candidata sobre diversos temas de derecho constitucional, penal y de política criminal, fundamentales para ejercer correctamente la función de Procurador. Por tal motivo, decidieron enviar a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación un cuestionario con 42 preguntas sobre los temas respecto de los cuales será conveniente conocer la opinión de Gils Carbó en la audiencia pública que tendrá lugar el próximo 7 de agosto.

Entre otras cosas, las preguntas formuladas por la ADC giran en torno, principalmente, a su interpretación de la Constitución en general y sobre las políticas que promoverá en el Ministerio Público Fiscal. También se le consulta sobre temas constitucionales específicos y sobre la intervención del Procuración General ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se le pregunta, asimismo, sobre aspectos derivados de la interrelación de normas constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos, y, finalmente, sobre su vinculación con el sitio web Mercado y Transparencia.